El antecedente empírico más cercano a esta propuesta lo encontramos en el Plan "Jefes y Jefas del Hogar Desocupados", puesto en marcha en abril de 2002 por el gobierno provisional de Eduardo Duhalde en Argentina, a tenor de los acontecimientos acaecidos en los meses previos y una vez encendidas en el país las alarmas de emergencia alimentaria, sanitaria y ocupacional, con un 53% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y un 25% en la indigencia.

2001 fue un año convulso para el país argentino que se cerró con las movilizaciones sociales del 20 de diciembre y que hicieron renunciar a su cargo a quien en ese momento ocupaba el sillón presidencial, Fernando de la Rúa. El 1 de enero de 2002 y después de 5 presidentes, Duhalde llegó de manera temporal a la presidencia de un país marcado por un intenso incremento de la pobreza y la indigencia y altas -y prolongadas- tasas de paro.

El Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se concibió en su origen como un instrumento para hacer frente a la emergencia social a la que se enfrentaba el país y, aunque fue implantado por un año, se prorrogó por los sucesivos representantes electos. Según datos del Gobierno argentino, en abril de 2003 se había ocupado con este programa a dos millones de personas, una cifra nada desdeñable si, además, tenemos en cuenta la inestabilidad que marcaba la agenda política y económica de la Argentina de los primeros años de este siglo.

En octubre de 2002, año de implementación de esta medida, según la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el Gobierno argentino, un 24,6% de hogares salieron de la indigencia, aunque sólo un 2,9% salieron de la situación de pobreza. Esa reducción de la pobreza extrema fue el mayor impacto de esta medida, que no logró paliar la pobreza del país.

El organismo encargado de supervisar la correcta aplicación del programa era el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, el seguimiento del gasto, la gestión y el desarrollo de la medida no estaban centralizadas y se efectuaban a través de municipios y provincias. De esta manera, se involucraba a la población en el proceso social y se volvió a dotar de sentido al derecho al trabajo, aunque esta entrada estaba restringida y no se aplicó de forma universal: se priorizó el efecto rápido empleando a las capas más desfavorecidas de la población en lugar de buscar la consecución del idílico horizonte del pleno empleo.

El Estado estableció el pago de 150 pesos de manera directa a los participantes en el programa. El Gobierno consideró que esta contraprestación contribuiría a reducir la pobreza y la indigencia. Sin embargo, la cantidad se reveló desde el inicio insuficiente y no tuvo en cuenta factores determinantes como el número de miembros de cada familia ni la inflación.

Los costes del Plan Jefes y Jefas del Hogar

El decreto 165/2002 fijó en tres meses el periodo de vigencia de este plan, que pretendía ejecutarse de manera progresiva, en función de los fondos disponibles. Poco después se estableció la necesidad de ampliarlo.

En 2002 se distribuyeron 2.310 millones de pesos. En 2003, el programa contó con 3.052 millones del fondo nacional y con un préstamo de unos 600 millones de dólares del Banco Mundial. Según el Gobierno estimó en su momento, la continuidad del programa estaba garantizada si se mantenía -tal y como sucedió- un superávit del 2,4% del PIB.

El trabajo

El Gobierno estableció para los beneficiarios del programa una jornada laboral de entre 4 y 6 horas diarias, que era evaluada y aprobada por los ayuntamientos. Esta contraprestación laboral podría consistir también en labores de formación o capacitación y su incumplimiento daba lugar a la extinción del derecho a percibir los 150 pesos mensuales.

Las tareas desarrolladas fueron:

 Labores comunitarias: actividades de utilidad social con un impacto positivo en cada municipio. Los municipios diseñaban los proyectos y asignaban a los beneficiarios.
 Componente productivo: el programa debía promover el surgimiento de iniciativas de producción a nivel local.
 Reinserción laboral en el sector privado: empleadores privados podían seleccionar a beneficiarios y firmar un convenio de adhesión con la administración pública.
 Formación: pensado para que los trabajadores sin titulación cursara la enseñanza básica
 Materiales: proyectos de pequeña envergadura en municipios pequeños
 Convenios especiales de propósitos específicos: para que los beneficiarios se adhiriesen a actividades puntuales para organismos nacionales, provinciales o privados sin ánimo de lucro
 Plan Nacional de Obras Municipales: construcción de infraestructuras financiadas por el Estado y ejecutadas por los municipios.

Los problemas del programa

La cobertura| Las personas que, aun encontrándose en situación de pobreza que no tuvieran menores a su cargo o no fuesen considerados “jefes o jefas de hogar” no cumplían con los requisitos del Plan y quedaban fuera del programa.

La contraprestación| Los puestos de trabajo generados por esta medida eran, generalmente, precarios y de baja cualificación. El 93,5% de los empleos eran tareas manuales que requerían pocos conocimientos.

Irregularidades en la asignación| Se detectaron en Argentina casos que apuntaban hacia relaciones clientelares en las que los beneficiarios abonaban un 20% del subsidio para acceder al Plan. La CODEM (Consulta de Obra Social) registró 458 denuncias por extorsión y 184 por corrupción. Asimismo, según la Sindicatura General de la Nación, las herramientas que se utilizaron para registrar los datos de quienes aspiraban a entrar en el programa carecían de los mecanismos de control adecuados.

Fallos en la selección| Algunos beneficiarios contaban ya con un un empleo sin contrato y con un sueldo en B a la hora de acceder al programa. También había uniones de hecho en que ambos cónyuges se inscribían por separado, una práctica no permitida pero difícil de controlar dada la improvisación con la que el Plan fue implementado.

Desigualdad de género| La perspectiva de género no fue incorporada en el diseño ni en la ejecución del Plan, a pesar de que más de la mitad de las personas participantes entre 2002 y 2003 eran mujeres.