En la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 se establece que, cuando la Administración contrata, debe garantizar la “publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos”, y asegurar “una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación de servicios mediante la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. Asimismo, en la reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se pretende, entre otras cosas, racionalizar la gestión de ésta “de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”. El criterio precio tiene, pues, un peso importante en la selección de ofertas. Además, la Administración Pública debería garantizar el acceso a la información en formatos accesibles, sin favorecer la iniciativa privada. La gestión de la Res Pública debe ser eso, pública. Uno de los grandes gastos de las Administraciones Públicas, ya sean locales, autonómicas o estatales, son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), gasto que analiza el Informe REINA.

Empresas privadas

En este sector, el Estado tiene como práctica habitual el contratar servicios con empresas privadas, de manera que permite el tratamiento y la acumulación de datos por parte de éstas. En el último REINA del año 2015, con datos referentes a 2014, se puede observar que los principales gastos se concentran siempre en las mismas empresas: IBM, Hewlett-Packard, Indra o El Corte Inglés.

Por ejemplo, los gastos de software y servicios informáticos ascendieron en el año 2014 a casi 613 millones de euros; las inversiones en sistema multiusuario, entre mainframes (grandes computadoras que procesan gran cantidad de datos) y servidores, a más de 32 millones de euros, y los gastos en servicios informáticos a casi 476 millones de euros. Empresas como ISDEFE o Indra, relacionadas con la industria armamentística y los sistemas de seguridad fronteriza, son las grandes ganadoras en la tajada informática que da servicio a la Administración. Indra alcanzó contratos por valor de más de 50 millones de euros en software y servicios informáticos. ISDEFE, 19 millones tan sólo en servicios. Hewlett-Packard, una de las mayores productoras de armamento a nivel mundial según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), una de las instituciones más reconocidas sobre armamento tiene copado el 33% de los servidores de la Administración Pública.

Otro de los datos que llama la atención son las grandes sumas que consigue El Corte Inglés gracias a este tipo de servicios. En el año 2014, consiguió contratos de servidores por dos millones de euros. La entidad que preside Dimas Gimeno ha extendido su modelo de negocio desde la venta de equipos informáticos a otro tipo de servicios, como el mantenimiento y soporte de los mismos, e incluso el desarrollo de aplicaciones. Esta actividad supone ya la mitad de los beneficios de la entidad en su papel de suministrador de la Administración del Estado, con 12,5 millones de euros anuales.

La palabra migración es el gran tabú del jefe de Informática

Sorprende que en 2014, en torno al 70% de las contrataciones no fue mediante procedimiento abierto y, por lo tanto, se incumplió la ley antes mencionada. Asimismo, cuesta creer que dichas empresas oferten de manera más barata que Linux, el software libre por excelencia y cuyo código fuente puede ser utilizado, modificado y distribuido de forma libre, como su nombre indica.

Tecnología abierta Pero parece que la Administración Pública empieza a reaccionar ante el monopolio tecnológico de las grandes empresas. Aunque Windows está presente en el 95% de los equipos, no ocurre lo mismo con los ordenadores que cumplen el papel más determinante en la red informática. Así, en el año 2014, el 43% de los mainframes nuevos instalados fueron Linux. Lo mismo ocurrió con el 26% de los servidores.

Esta cantidad de servidores representa un dato importante si tenemos en cuenta que hace apenas unos años era impensable hablar de software libre en la Administración Pública. Sólo destacaban proyectos puntuales en ámbitos concretos, como puede ser el de la Educación, y gracias a algunas regiones pioneras como Extremadura, Galicia o Castilla y León. De ahí, hemos pasado a una explosión de tecnología con fuentes abiertas. “Todo comienza en 2009, con el software que la Administración emplea para llegar al ciudadano, la administración electrónica, y ahora con la llegada del cloud computing, la virtualización, donde casi todas las tecnologías que se han implementado ahí son abiertas”, asegura Manuel Velardo, responsable del Centro de Excelencia de Software de Fuentes Abiertas (CENATIC), de red.es.

Por ejemplo, en el cloud computing, los dos estándares que existen, OpenStack y OpenNebula, son de código abierto, pero en su desarrollo también participan grandes multinacionales como Microsoft, IBM u Oracle, que luego ofrecen a sus clientes versiones de pago de esos productos libres y abiertos, sin poder determinar qué pesa más en la balanza, si el aporte que realizan en el desarrollo del software libre o el beneficio que obtienen con su venta.

Los números salen

Y es que al hablar de software libre hay que ir mucho más allá de Linux y LibreOffice, que, a pesar de su crecimiento, aún no han logrado convertirse en estándar en el puesto de trabajo del funcionariado español. “Hay muchas razones para apostar por el software libre, pero sobre todo está la calidad del producto: es imbatible”, afirma Velardo.

Otra de las razones indiscutibles es el ahorro que supone el empleo de tecnología con fuentes abiertas para las Administraciones Públicas, que alcanza los 450.000 millones de euros anuales en el contexto de la UE, ya sea para desarrollar aplicaciones o para implantar soluciones existentes basadas en código abierto. Además, existen estudios que afirman que “aproximadamente el 35% del código fuente de las aplicaciones informáticas es software libre reutilizado, independientemente de la licencia que lleve el producto final”.

Son muchas las plazas conquistadas por el software libre, aunque lejos de ser una decisión adoptada desde las altas esferas de la Administración (no existe la figura de jefe de Informática como sí lo hay en la Casa Blanca o en el Ministerio de Hacienda) el proceso casi siempre responde a una misma secuencia: alguien en una concejalía, delegación o departamento, con cierto conocimiento técnico y potestad presupuestaria, decide dar el paso adelante y enfrentarse a la inercia instalada del software privativo. “Sobre todo cuesta al modificar el sistema operativo del puesto de trabajo del funcionario, porque te enfrentas a miles de ellos al interferir en sus dinámicas. La palabra migración es el gran tabú del jefe de Informática. Entonces, hay que estar muy convencido para poder demostrar que, en un plazo de cinco años, se va a conseguir un ahorro considerable, y así dar el paso, sea o no tecnología libre”, sostiene Velardo.

Este paso hacia las fuentes abiertas se está dando en ayuntamientos como el de Zaragoza, donde los pliegos de condiciones ya obligan a que los equipos tengan drivers para Linux y se adquieren sin sistema operativo predeterminado. “A partir del segundo año ya se empieza a ver el ahorro de costes, que son cada vez mayores dependiendo de la duración de las licencias del software propietario”, señala Jesús González, responsable de Sistemas y Redes del Consistorio zaragozano. González cuenta a este medio que, tras la migración al software libre, Microsoft realizó una auditoría, fruto de la cual el Ayuntamiento tuvo que abonar cerca de 100.000 euros al detectar la empresa software utilizado sin licencia.

La Administración puede emplear software de dos maneras: porque lo produzca ella, con desarrollos a medida, o por la implantación de paquetes ya existentes. Es en el primer caso, a la hora de desarrollar software controlando los concursos públicos, donde se puede generar un ahorro importante. No sólo al principio, ya que la migración va a costar menos, sino también por la sostenibilidad del desarrollo, porque se trabaja con soluciones que otros ya están empleando y manteniendo.

Ahorros

El estudio del CENATIC, Impacto de la reutilización del software de fuentes abiertas en la economía, ya cifraba los ahorros en 114.000 millones de euros al año como mínimo, gracias al impacto de los ahorros directos, la reducción de la tasa de fracaso de los proyectos y la mejora de los costes de mantenimiento de códigos, que equivale al 30% del mercado global de software y servicios. Además, “el efecto de reinvertir estos ahorros de forma interna en TIC crea un efecto adicional de segundo orden en términos de productividad y de mejora de la eficiencia de al menos 342.000 millones de euros al año, lo cual constituye decididamente una contribución no marginal a la economía europea”, concluía el estudio.

No hay que olvidar que es en la creación y desarrollo de tecnología libre donde se posibilita la creación de una tecnología y una industria propia como sucede en otros países como Estados Unidos, el gran mercado del software y las patentes. Como en otros muchos sectores, esa conciencia de desarrollar un producto propio no está tan presente en el Estado español, por lo que el camino que queda para convertir España en un país productor de tecnología de fuentes abiertas y dejar de ser simples usuarios es todavía demasiado largo.