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Si la denuncia planteada hoy prospera y la Comisión Europea insta al Gobierno español a regularizar esta situación, el impacto en la factura eléctrica sería inmediato: “supondría rebajas en torno al 10% del importe de la misma”, afirma la plataforma, donde también aseguran que se terminaría con la mayoría del déficit de tarifa acumulado en años anteriores.
El argumento de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se centra en la sobrecompensación por Costes de Transición a la Competencia, un mecanismo creado a raíz de la pretendida liberalización del mercado eléctrico del país. Si para la una compañía se prevé una compensación total (mercado + CTC) de 100 unidades monetarias- supongamos-, 80 se cubrirían por la vía del mercado y 20 a través de la intervención estatal mediante CTC. Sin embargo, el precio de mercado resultó ser superior al previsto y las plantas terminaron por recibir 90 unidades monetarias en lugar de las 80 previstas, pero recibiendo aún 20 por CTC. Las 10 unidades sobrantes son las que se reclaman, ahora por la vía Europea, y con el objetivo de que esta medida se traduzca en un descenso del coste del recibo.
¿Qué son los Costes de Transición a la Competencia?
En los años 1996 y 1997 y bajo en gobierno de Aznar se establece un sistema de ayudas de Estado a las compañías eléctricas con la intención de reducir los riesgos que para las compañías entrañaba el paso de un sector regularizado a uno, supuestamente, liberalizado. Este concepto creado ex novo tenía el objetivo de no lesionar las expectativas de las eléctricas en cuanto a recuperar la inversión se refiere. El precio de la electricidad ya no sería fijado por ley, sino que quedaba sujeto a los mecanismos de oferta y demanda.
En 2007 entró en vigor la normativa que reconocía, año a año y durante 10 años, el derecho de las compañías eléctricas a percibir una asignación fija adicional a los ingresos que ésta obtuviera en el mercado y hasta alcanzar una cuantía máxima fijada inicialmente en 11.951 millones de euros. El cálculo de la cantidad que cada empresa recibiría se estableció bajo la hipótesis de que el precio percibido por las compañías a través de mecanismos de mercado sería de 36,06 euros/Mwh (6 pesetas/Kwh). El Estado liquidaba a las centrales la diferencia entre el importe recaudado a través de la tarifa eléctrica y los cobros que las centrales habrían percibido. La ley preveía que ninguna eléctrica cobrase una cantidad superior ni inferior a la suma de su producción valorada en esos 36,06€/Mwh -aunque la realidad ha demostrado que los precios del mercado han beneficiado a este tipo de empresas-.
En junio de 2006 el gobierno declara por decreto que estos costes “generan distorsiones en los precios de mercado al ser integrados en las estrategias de oferta”, que “han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron los cálculos de los CTC” y que “los informes revelan un alto grado de amortización de las instalaciones afectadas”. Esta disposición legal derogaba el derecho a cobro, pero no obligaba a las compañías eléctricas a devolver las cantidades cobradas en exceso. Sin embargo, las centrales beneficiarias de las ayudas ya estaban amortizadas y su participación en el mercado generaba distorsiones y ventaja competitiva respecto a las nuevas centrales.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía de febrero de 2007, el Estado no sólo no ha recuperado esas ayudas, sino que el importe cobrado por las compañías eléctricas sería de 3.588 millones de euros, una cantidad superior en 200 millones a lo inicialmente establecido. El exceso de cobro por empresas, en junio de 2006, era el siguiente:
Empresa | Importe (M€) |
---|---|
Grupo Endesa | 1.563 |
Iberdrola | 1.160 |
Viesgo | 434 |
Unión Fenosa | 275 |
HC Energía | 156 |
Total | 3.588 |
A pesar de que existe una sobrecompensación porque el precio medio de la electricidad fue durante muchos años superior al previsto en los cálculos iniciales, ninguno de los Gobiernos que se han sucedido en la Moncloa ha exigido a estas empresas la devolución de lo que la plataforma considera unas “ayudas de Estado ilegales”. La subvención por parte del Estado ha ido “más allá de lo necesario para compensar los costes no recuperables por el conjunto de instalaciones de generación” y genera una ventaja competitiva para determinadas empresas, teniendo en cuenta que se ha obtenido además un beneficio industrial considerable.
Cómo afectan los CTC a la factura de la luz
Manejando los datos de la Comisión Nacional de Energía y tomando como base el exceso de 200 millones mencionados antes, desde la Plataforma calculan que podría reducirse el déficit de tarifa con una rebaja del 8% en el recibo de la luz para los próximos 15 años, además de tener un efecto inmediato en los precios de mercado. “Los consumidores pagaríamos en torno a un 10% menos en el recibo de la luz si esta ayuda se declara ilegal”, declaró en rueda de prensa el experto en regulación eléctrica Jorge Morales de Labra, dado que solicitan que la devolución se realice directamente por una reducción del recibo.
Las eléctricas cobraban estas subvenciones a través de dos mecanismos de cobro: un 80% era subvencionado por la población (un 4,5% de la factura eléctrica) y un 20% se liquidaba por diferencia -la diferencia cuando el precio de mercado era superior al establecido se daba por cobrada-. Mediante esta forma de pago, los CTC se cobraban siempre, independientemente del precio de mercado.
La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha concluido que los CTC “fueron pagados por los consumidores por diferencias, por exceso de precio sobre los 36 euros/Mwh y vía tarifa cuando el precio era igual o inferior a esta cantidad”. Además, alegan que en caso de que se hubieran producido desequilibrios, la diferencia entre ingresos y costes habría sido reconocida ya avalada por el Estado.
Si la Comisión Europea reconoce los motivos de la Plataforma y ordena la devolución deberá establecer también la cantidad cobrada en exceso desde 2006, fecha en que los CTC fueron anulados.
Hoy la Plataforma mantiene una reunión con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea en Bruselas para explicar la denuncia y someterse a las preguntas de los funcionarios europeos. Además, para el 18 de noviembre está previsto que una comitiva de ciudadanos explique en el Parlamento Europeo lo que sucede en el mercado eléctrico español y su efecto en aspectos relacionados con las economías domésticas o la pobreza energética.
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