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Sobre el Decreto de Autoconsumo

26 de febrero de 2016

Por qué a las compañías eléctricas les gusta el impuesto al sol

En octubre del año pasado el que ahora es gobierno en funciones aprobaba el Real Decreto que establece las condiciones técnicas y económicas del autoconsumo de energía renovable. En el objetivo del texto se aprecia cierto interés por “salvar los muebles” de las grandes compañías eléctricas ante la perspectiva de un cambio de paradigma en el consumo energético. Minimizar la pérdida de ingresos de las grandes compañías del sector estaba en el punto de mira al momento de la redacción.


Por qué a las compañías eléctricas les gusta el impuesto al sol

Más de veinte organizaciones y autoconsumidores han presentado ya recurso ante el Tribunal Supremo cuestionando esta normativa de autoconsumo. Entre ellas se encuentra la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, cuya admisión a trámite ha sido publicada esta semana en el BOE. Pero también han reclamado organizaciones como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Greenpeace o la Asociación de Energías Renovables (ANPIER). Según argumentan, la regulación del autoconsumo de energía “se ha mostrado en todo momento desproporcionada, discriminatoria y arbitraria frente a la promoción del autoconsumo de suministro eléctrico obtenido por medio de energías renovables”.

El texto contiene el conocido como “Impuesto al Sol”, que eufemísticamente aparece recogido como “Peaje de Respaldo”. Este precepto obliga a pagar por la electricidad que se consume, pero también por la que se vierte a la red. Estamos ante “el establecimiento de una política de penalización a la instauración de este sistema de ahorro y eficiencia energética”, apuntan desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Las energías renovables suponen ahora el mayor desafío para los intereses de las grandes compañías eléctricas. Podría decirse que la oligarquía energética no pudo prever el auge de un nuevo modelo más local, sostenible y, sobre todo, más barato. Los sucesivos recortes retroactivos a quienes poseen plantas de generación renovable y el marco legislativo para el autoconsumo terminan inevitablemente por desincentivar la inversión en energías limpias.

El Impuesto al Sol

El precio de los paneles fotovoltaicos comenzó a bajar hace unos 6 años. Su coste experimentó un descenso cercano al 80%. Si a esta circunstancia se le suma la subida de los precios de la electricidad durante el mismo periodo es fácil deducir que a un número importante de personas les resultaba más barato instalar paneles solares que consumir la energía que proporcionan las grandes eléctricas.

Lo cierto es que el primer problema cuando hablamos de energía fotovoltaica es la necesidad de contar con el respaldo de la red para las horas no solares. Sin embargo, la tasa cobra a los consumidores por este uso de la red, se use la energía o no. Es decir, hay que pagar aunque haya luz y se esté empleando energía solar. Además, lo recaudado va directamente para las grandes eléctricas, que cobran por cada kWh que produzcan los paneles y se consuma en la vivienda.

Según Mario Sánchez-Herrero, economista y fundador de Ecooo, “si se pagan peajes sólo en el momento en el que se necesita consumir de la red las eléctricas sólo ingresarían por los kWh que vendieran”. Desde el punto de vista de la ciudadanía parece lo más lógico, pero forzaría a las empresas eléctricas a subir sus precios “con lo que sería aún más atractivo el autoconsumo y entrariamos en lo que se conoce como la espiral de la muerte para las grandes eléctricas”, continúa Sánchez-Herrero. “Cada vez venderían menos, cada vez tendrían que subir más el precio”.

Si asumimos que es necesario el respaldo, es lógico que tenga un precio. El usuario tendrá que pagar por la energía que necesite consumir al margen de la producida por los paneles. Pero si consume menos, también lógicamente, habrá de pagar menos.

La luz, un 76% más cara

En sólo diez años el recibo de la luz ha subido un 76% para el usuario medio, que en 2015 pagó 400 euros más que en 2005. Así lo puso de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que responsabilizaba directamente a las sucesivas políticas energéticas aplicadas por los gobiernos de PSOE y PP. La asociación considera que las reformas están “plegadas a los intereses de las grandes eléctricas”.

El usuario medio acogido al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) pagó el último año 929,15 euros por las facturas de la electricidad (una media de 77,43 euros mensuales), frente a los 529,32 (44,11 al mes) que abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en 2004.

La asociación denuncia que la brutal subida tarifaria pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico: “se trata de un lobby que viene dictando las políticas energéticas en España y que hoy lidera el ránking de denuncias de los consumidores por fraude junto a las compañías de telecomunicaciones y la banca”.

Atendiendo a los datos, la estrategia parece que pasa por garantizar la estabilidad del actual sistema energético, basado en la cuenta de resultados de quienes dirigen el monopolio. Una apuesta por nuevas formas de consumo provocaría que dejemos de comprar la energía a las cinco grandes compañías eléctricas, lo que pone en riesgo el modelo centralizado actual.

Ana Encinas    El Salmón Contracorriente