No más rescates a la banca
Que el sistema bancario europeo (y mundial) es pieza fundamental de los problemas económicos de nuestro tiempo es algo que no se le escapa a casi nadie. Es fácil, por tanto, compartir parte del diagnóstico con el que se inicia este capítulo (riesgo moral de las entidades de crédito, riesgo sistémico, funcionamiento anormal de la banca por las medidas del BCE...) para, acto seguido, contemplar cómo se proponen medidas que no afrontan los problemas de fondo del sistema financiero.
En primer lugar, hay que partir del hecho de que la misma Unión Bancaria se puede entender como la alternativa a la negativa alemana a la emisión de eurobonos. Y es que sin una efectiva mutualización de los riesgos no podrá hablarse de unión bancaria completa y no saldremos de la Europa a dos velocidades en la que nos encontramos. Además, sin instrumentos que equilibren la deuda y los bancos centro-periferia, difícilmente podrá cumplirse el objetivo buscado: ser capaces de solucionar las futuras crisis con una adecuada y uniforme transmisión de la política monetaria.
La Unión Bancaria se ha vendido como el compromiso de las instituciones europeas para que no se vuelvan a repetir los rescates a la banca a costa de los contribuyentes. En concreto, se ha desarrollado el concepto de rescates bail-in (o instrumento de capitalización interna), según el cual serán los accionistas y acreedores quienes asumirán las pérdidas en caso de quiebra bancaria. La crisis chipriota fue el adelanto de este modelo. La duda que surge es si también los depositantes asumirán parte de la quiebra como vimos en Chipre, o no.
Parches en el sistema bancario europeo
Las instituciones que constituirán la Unión Bancaria serán tres: el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y un Sistema de Garantía de Depósitos Europeo (SGDE). Las dos primeras han sido ya creadas, aunque no han comenzado a funcionar completamente.
El MUS ha sido diseñado como órgano de control de las entidades de crédito [1], siendo este uno de sus primeros límites para la identificación temprana de crisis financieras, puesto que deja fuera de la supervisión el resto del sector financiero. Será el democrático BCE quien asuma las funciones del MUS creando un Consejo de Supervisión (con más de mil nuevos funcionarios) al efecto. De esta manera, la supervisión se suma a la determinación de la política monetaria en el abanico de funciones del BCE, que aumenta su poder.
La cuestión es si cabe una supervisión bancaria efectiva dentro del marco de desregulación actual (o más bien regulación a favor del capital), mientras se fomenta la concentración del sector y el BCE mantiene las medidas de flexibilización cuantitativa que alimentan la exposición del sistema financiero en su conjunto. El Deutsche Bank y su gigantesco apalancamiento (20 veces el PIB alemán) son la monstruosa muestra del insostenible esquema ponzi bancario europeo. Sencillamente, el principal problema bancario, la falta de solvencia, no se aborda en el Informe.
Con el MUR sucede algo similar, porque este mecanismo para resolución de entidades quebradas no tendrá en realidad instrumentos para afrontar el cierre de entidades demasiado grandes para caer (too big to fail). Y es que este tema tampoco se menciona y, además, trasciende el campo económico. El hecho de que permitamos que entidades privadas se vuelvan sistémicas obliga a un tratamiento político de las mismas, puesto que los efectos de sus quiebras o rescates los sufrimos todos.
El último pilar y parte imprescindible de la Unión Bancaria es el Sistema de Garantía de Depósitos Europeo. Se propone que sea “un sistema de garantía a nivel europeo para los sistemas nacionales de garantía de depósitos”. En principio garantizaría los mismos que el Fondo de Garantía español, hasta 100.000 euros. La financiación del SGDE “tendría carácter privado, mediante cuotas que abonarían ex ante todos los bancos participantes de los Estados miembros con arreglo a un esquema que evite el riesgo moral”. Este organismo actuaría de forma limitada (aportando el 20% de los recursos necesarios) y solo después de que los fondos nacionales lo hayan hecho. Una vez más, las suspicacias de los socios del norte (que lo entienden como un respaldo a los bancos periféricos) hacen que el alcance del SGDE sea muy limitado.
La Unión de Mercados de Capitales
Los mercados de capitales son las bolsas de valores (no solo de acciones, también de bonos públicos y privados, participaciones, etc.). Se busca, en definitiva, eliminar las trabas a la circulación de capitales y a la obtención de financiación. Es decir, un paso más en la financiarización de la economía. Entre los objetivos aducidos siempre se menciona la necesaria diversificación de la financiación de las PYMES, lo cual es, sin duda, un objetivo necesario, pero que no parece prioritario después a la hora de implantar medidas, ya que éstas se dirigen mayoritariamente a inversores de mayor tamaño.
El Informe no recoge prácticamente medidas concretas, por lo que para entender la dimensión de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) hay que consultar el Libro Verde que la Comisión publicó el año pasado sobre el tema. En este encontramos la ya vieja pretensión de acabar con todos los obstáculos a la libre circulación de capitales (la denominada “sobrerregulación”) y el propósito de impulsar cualquier tipo de inversión financiera que se nos pueda ocurrir: las fatalmente famosas titulizaciones, las obligaciones garantizadas, la inversión institucional (entidades aseguradoras y fondos de pensiones) y hasta se habla de unos “bonos verdes”, la clásica solución de las élites al cambio climático, es decir, inversiones en bonos sobre teóricos “proyectos y actividades que promuevan la sostenibilidad en materia de clima o de otros aspectos medioambientales”. Todo convenientemente alejado de la economía real y proclive a la formación de burbujas.
La UMC responde a la verdadera esencia de la UE: garante de la libertad de movimientos del capital, preocupada básicamente por la opinión de los inversores. De acuerdo con esta lógica, los regímenes fiscales son considerados “obstáculos a las inversiones transfronterizas”, visión compartida, como es sabido, en el TTIP. Con documentos como estos se dibuja una UE en la que “los derechos” de los que goza el dinero serán cada vez más y se acerca el día en que serán mayores que los de las personas sin dinero. Con el tratamiento de la crisis de refugiados, por desgracia, estamos asistiendo a la obscena confirmación de estos temores.
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