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Entrevista a Mariana Gómez Soto, antropóloga y activista colombiana

21 de marzo de 2015

"Nuestra lucha se estaba volviendo una defensa de la democracia"

El proyecto de La Colosa, que quiere ejecutar AngoGold Ashanti, una multinacional Sudafricana afecta a Piedras, un municipio de gran importancia agrícola para Colombia. En él viven alrededor de 6.000 habitantes, la mayoría de ellos dependientes de los productos que ofrece la tierra. En la actualidad se enfrentan a la amenaza de la llegada de una multinacional de minería de oro con la intención de construir el dique de colas, para almacenar los residuos tóxicos remanentes, de la potencial mina más grande de Sudamérica.

La Colosa, que hace honores a las dimensiones del proyecto, está todavía en fase de exploración, pero el plan pretende ubicar la mina en Cajamarca y a 100 kilómetros estaría ubicada la zona de residuos, en Piedras. Los habitantes de Piedras se han levantado contra este macroproyecto que supondría un cambio radical en la vocación y el uso del suelo de su territorio, de la agricultura a la minería.

Mariana Gómez Soto es una antropóloga colombiana que ha formado parte del proceso de resistencia pacífica que iniciaron los habitantes de Piedras a inicios del año 2013.


"Nuestra lucha se estaba volviendo una defensa de la democracia"

¿Cómo inicia todo el proceso?

El proceso inicia a finales de 2012 cuando se extienden los rumores de que una empresa minera estaba interesada en iniciar actividades en la zona. Al ver los habitantes del pueblo cómo entran los coches y la maquinaria de la empresa, deciden bloquear el puente que da acceso al pueblo y al terreno que tenía la empresa para hacer exploración.

Inicialmente, ocupan el puente unas 20 personas, a las que se acaban sumando 500 en unos 20 días, dejando incomunicados a los trabajadores que están en el terreno del resto de las operaciones de la empresa. Las personas se organizan, hacen turnos de seis horas para no dejar desatendido el puente y montan una estación de vigilancia bien equipada, con mesas, carpas, televisión, comida comunitaria, etc.

El alcalde del pueblo recibe una demanda por parte de la empresa alegando que se está violando su derecho del tránsito libre y envían a la policía antimotines, la cual les decomisa el plantón (el puesto de vigilancia que había montado la gente en el puente). Cuando se les confisca el plantón, el pueblo se da cuenta de que hay que replantear la estrategia, porque no pueden estar bloqueando el puente de por vida. Ahí empieza todo.

¿Cuál es la estrategia que se decide tomar?

La estrategia en cuanto a la vigilancia del puente, es ubicar el plantón en el patio de la primera casa del pueblo justo después del puente, para ocupar una propiedad privada y no en un espacio público.

Se empieza a articular una estrategia más regional, y acudimos al movimiento ambiental de la ciudad de Ibagué que es la capital del departamento de Tolima. Nos articulamos con todo el movimiento de resistencia de la zona. En Piedras, se empieza a consolidar un plan de Consulta Popular. Esta Consulta Popular es un mecanismo de participación democrática que contempla la Constitución colombiana, en el cual el alcalde convoca a las personas para opinar sobre un tema. El alcalde de Piedras decidió apoyar la iniciativa, la cual fue avalada por el Tribunal y la Registraduría Nacional. La votación se llevó a cabo el el 28 de julio de 2013. De 5.105 cédulas inscritas registradas que tiene el municipio para votar, atendieron 3.008 ciudadanos de los cuales 2.971 votaron en contra de la minería.
Según la ley en Colombia cuando se lleva a cabo una Consulta Popular, si los votantes son más de un tercio de los ciudadanos inscritos y si se toma la decisión por más de un 50% de las personas, es de obligatorio cumplimiento acoger la decisión por parte del Gobierno Local.

Sin embargo, el proceso sigue en marcha. ¿Por qué?

Porque el Gobierno Nacional no reconoció la decisión tomada por los ciudadanos acogiéndose al Decreto 934 del 9 de mayo de 2013, con el argumento de que según la Constitución, la minería es de interés público y nacional, lo que quiere decir que un Municipio no puede tomar decisiones con respecto a asuntos de minería.

Tras esta declaración, acudimos a abogados y expertos en Bogotá, la capital del país, e incluso buscamos apoyo internacional. Nos dimos cuenta de que nuestra lucha se estaba volviendo una cuestión de defensa del derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestro futuro, una defensa de la democracia donde el Estado debe servir a la comunidad y no al contrario. Una cuestión de soberanía.

¿Cuál fue la argumentación legal en defensa de la decisión del Gobierno?

Lo que hemos entendido es que existe un vacío jurídico en Colombia. Es la primera vez que se lleva a cabo una Consulta Popular sobre minería extractiva en el país.

El primer argumento del Gobierno Nacional es que el subsuelo es de la Nación, por ende, es el Gobierno Nacional el que tiene la última palabra sobre los suelos extractivos y por ello los habitantes de Piedras no pueden decidir sobre si quieren un proyecto minero en su territorio. Sin embargo, en Piedras no se va a llevar a cabo extracción en el subsuelo, sino que se va a construir el dique de colas, que estaría ubicado sobre el suelo, porque se trata de la ubicación de los desechos tóxicos de la extracción del oro que se llevaría a cabo en Cajamarca.

Asimismo, la Ley reconoce que si se va a cambiar la vocación del suelo, como en este caso de agrícola a minera, se debe llevar a cabo una Consulta Popular, tal y como asevera la abogada Diana Rodríguez, perteneciente a la organización Dejusticia, una organización de abogados de Bogotá que ha tomado el caso de Piedras como un caso de estudio, "La ley 136 del año 1994, en el artículo 33, dice que cuando hay proyectos mineros que amenacen con cambiar los uso del suelo o las actividades tradicionales en un municipio, se deberá hacer una Consulta Popular, que es el caso de Cajamarca".

El año pasado, el Gobierno expidió un Decreto que prohíbe a los entes territoriales restringir las actividades mineras en el ordenamiento territorial de su jurisdicción. La Corte Constitucional sin embargo lo declaró inconstitucional mediante la sentencia C-123 de 2014, porque amenazaba contra la autonomía de los municipios colombianos.

¿En qué punto estáis ahora?

El Gobierno de la Nación expidió un nuevo decreto el 23 de diciembre del año pasado, el Decreto 2691 donde aparentemente se acoge a la decisión del Consejo de Estado pero en realidad lo que hace es limitar aún más las decisiones tomadas a nivel local y regional respecto a la minería, depositando la responsabilidad de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental en los entes locales, o en los gobiernos locales, y la decisión final de tomar o no las decisiones en manos del Ministerio de Minas. Uno de los abogados de de justicia, César Rodríguez, afirmó de hecho que se corre el riesgo "de que las empresas mineras se vuelvan jueces y partes del proceso" ya que "se podrá consultar a las empresas que tengan interés en el área o al gremio minero, respecto de la conveniencia de los proyectos que pretenden desarrollarse, en relación con las medidas que han sido solicitadas por los entes territoriales, lo cual se tendrá en cuenta para la toma de la decisiónii".

Según Gilberto Toro Giraldo, director de la Federación Colombiana de Municipios, “el decreto 2691 no sólo deja la decisión final de proteger áreas naturales al Ministerio de Minas, sino que pone toda la carga fiscal y administrativa de elaborar los estudios que justificarían su protección sobre los hombros de los municipios. Allí no hay concertación ni equidad, porque la mayoría de estos territorios no tienen el músculo financiero y técnico para asumir dicha responsabilidad y el Gobierno lo sabe. Es muy desafortunado que mientras en el Plan de Desarrollo se habla de convertir y la sostenibilidad en un pilar del crecimiento, sigan prevaleciendo decisiones que favorecen a las empresas extractivas, como lo hace este decreto”.

¿Qué elemento ha sido clave para vosotros en todo el proceso?

Al entender que este conflicto no se trataba de Piedras únicamente decimos acudir a la solidaridad tanto nacional como internacional. Con el apoyo de Dejusticia, nos hemos acercado a otros siete municipios motivando a los alcaldes a convocar consultas populares. La gestión se ha hecho con el apoyo de abogados y líderes locales.
El 10 de febrero hubo una Audiencia Pública en Cajamarca, en la cual 9 de los 10 miembros del Consejo Municipal negaron la realización de la Consulta Popular, al indagar por qué, se han encontrado indicios de que fueron presionados por el Gobierno Nacional, al considerar éste que era un tema que extralimita sus funciones y sobornados por la empresa.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos que han enfrentado los habitantes de Piedras, hoy forman parte de un movimiento internacional "Sí a la Vida No a la Minería" con el apoyo de la Fundación GAIA y que es una plataforma que pretende unir a todas las comunidades que están enfrentándose a proyectos extractivos para que compartan sus estrategias.

Les invito a entrar en la página y firmar la petición y a ver el vídeo "In Solidarity" del lanzamiento de la campaña para apoyar al pueblo de Piedras.

In Solidarity - En Solidaridad from The Gaia Foundation on Vimeo.

Genoveva López Morales  

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