Varias vecinas y vecinos de Arganzuela formaron ayer un grupo promotor para realizar la auditoría ciudadana de la deuda de este barrio. El grupo, que se puso en marcha en una reunión convocada por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid (PACD-Madrid) en El Matadero, se encargará de dinamizar y coordinar la participación de las próximas asambleas, donde se identificarán los presuntos casos que hayan engordado la deuda del Ayuntamiento de Madrid de manera ilegítima o ilegal.

En la reunión, los asistentes citaron algunos indicios de mala gestión del dinero público en Arganzuela, como podría ser la falta de transparencia en los contratos, los sobrecostes de algunas obras realizadas, el soterramiento de la M30, el trámite de las contratas de limpieza o la Operación Mahou Calderón, proyecto aprobado en 2014 y paralizado por el Tribunal Superior de Justicia a la espera de sentencia, para el que se presupuestó un coste total de urbanización de 170 millones, de los que el Ayuntamiento asumiría el 43%. Los asistentes mostraron interés por ’meter mano’ al soterramiento de la M30, que supuso un sobrecoste de casi 9.000 millones de euros, y al proyecto Mahou-Calderón, que obligaría al Consistorio a hacer frente al 43% de su coste total

Arganzuela y Usera, donde el grupo promotor de la auditoría arrancó el pasado mes de marzo, se convierten así en los primeros distritos que realizan un control ciudadano de las cuentas públicas en la ciudad de Madrid.

Los participantes de la PACD-Madrid insistieron durante la asamblea en la importancia de acercar a la ciudadanía la economía, que muchas veces se nos ha presentado como algo opaco y difícil de comprender de manera interesada, y de exigir el derecho de acceso a la información de las cuentas y de una gestión de los recursos transparente y democrática. Asimismo, destacaron la necesidad de que además de un análisis exhaustivo del gasto y la gestión del dinero público, la auditoría contara con un eje de participación, para que sirviera de herramienta de empoderamiento y control vecinal.

La auditoría contara con un eje de participación para que sirviera de herramienta de empoderamiento

En su exposición, los integrantes de la Plataforma detallaron el estado actual de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, de 4.767 millones de euros en el año 2015, que alcanzó sus niveles más altos en el periodo comprendido entre 2004 y 2011, coincidente con el gobierno de Alberto Ruíz Gallardón, y que llegó a su cota máxima en 2012 con 7.733 millones de euros, cuando era alcaldesa Ana Botella. Entre las obras “faraónicas” que contribuyeron a contraerla estarían la del soterramiento de la M30, que supuso un sobrecoste con respecto al presupuesto inicial de 8.700 millones de euros, el estadio Caja Mágica ubicado en el barrio San Fermín, el Palacio Cibeles o el Centro Acuático, entre otros. Infraestructuras que, sin ir destinadas necesariamente a cubrir las necesidades de los y las madrileñas, han exigido un aumento notable de sus impuestos (el IBI o el impuesto de basuras) y han proporcionado cuantiosos beneficios a empresas constructoras, acreedores o instituciones financieras residentes y extranjeras.

El objetivo final del grupo promotor que se creó ayer en Arganzuela es elaborar un informe de cada caso o indicio de mala gestión económica que se identifique para remitirlo al Consistorio madrileño y darlo a conocer a la ciudadanía. El propósito de la PACD-Madrid es extender los ejemplos de Usera y Arganzuela a otros barrios y distritos de la ciudad en los próximos meses.