En el año 2007 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, la conocida como Ley de Dependencia. Después de ocho años en vigor y tras haber sido pospuesto en dos ocasiones, el día 1 de julio se determinó que todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado, tendrán derecho a recibir servicios o a percibir una prestación económica por cuidados familiares. Se reconocía así a todos los dependientes considerados "moderados" el derecho a asistencia por parte del Estado.
Esta ampliación precisa de una inversión superior a los 3.100 millones de euros; para la que el Estado no aportará más de 370 millones, un 12% del total necesario. “Esto nos lleva a un sistema de atenciones low cost que poco más que una teleasistencia podrá ofertar”, ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La medida, aprobada por el Gobierno de Rajoy en año electoral, ha supuesto la incorporación a la lista de espera del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) de un total de 314.570 personas. Se suman, de esta forma, a las 130.694 dependientes que el pasado 30 de junio ya aguardaban la atención. Para dar cobertura a este sector de la población, el Estado aportará a cada Comunidad Autónoma 44,33 euros al mes por dependiente. Alrededor de 532 euros al año por persona atendida. Según el compromiso adquirido, a la Comunidad Autónoma le corresponde financiar el 50% de la prestación. Esto significa que, si los gobiernos regionales deciden no aumentar la prestación, estas personas serán “atendidas” -es un decir- con poco más de 1.000 euros al año.
Realización: Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Fuente: Datos del IMSERSO
Existen en España 1.191.000 personas con dependencia reconocida, de las cuales un 37% no recibe prestación, a pesar tener derecho a ella. Según los datos oficiales de cobertura que la Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recoge en este informe, el sistema de Atención a la Dependencia “está desbordado” y su capacidad de atención, en los últimos cuatro años, se mantiene en las 750.000 personas. Además, los nuevos dependientes sólo son atendidos en la medida en que se producen bajas: por cada 100 incorporaciones al sistema, 98 se corresponden con bajas y sólo dos altas son nuevas. El ritmo de absorción medio de la lista de espera es de 6 personas al día. Además, desde 2012 unas 27.000 personas han muerto anualmente sin haber recibido la atención solicitada. En lo que va de legislatura, casi 100.000 personas han causado baja en la lista de espera por fallecimiento.
El sistema de atención está colapsado
El único logro que en un principio podría atribuirse el Gobierno -y que difunde en un engañoso, poco concreto y escaso de datos oficiales boletín de información- es el de haber reducido la mencionada lista de espera en 175.000 personas desde enero de 2012. Sin embargo, al desmaquillar el dato es fácil reconocer que esto no se debe a un incremento de personas atendidas, sino al freno en la entrada de nuevos beneficiarios. Lo cierto es que en el último año se entregaron 30.000 prestaciones económicas menos por cuidados familiares y, aunque para compensar se aumentaron los servicios, se ha congelado la inversión pública. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “los servicios y prestaciones previstos en la Ley no dan respuesta eficaz a muchas necesidades de autonomía personal ni suponen una atención a la dependencia con suficiente intensidad o calidad”.
Realización: Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Fuente: Datos del IMSERSO
El Ministerio de Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, presumía en junio de la incorporación al sistema de “7.725 personas beneficiarias con prestación”, añadiendo que “casi el 50% de esas incorporaciones se han producido desde el año 2012”. Sin embargo, atendiendo al ritmo de bajas y altas, y teniendo en cuenta la incorporación de los dependientes moderados aprobada en julio, se tardarían más de cuatro años en absorber a las 445.264 personas que en la actualidad se encuentran a la espera de recibir asistencia.
Grado de dependencia | Personas atendidas en 2015 | Personas pendientes de recibir la prestación |
Grado I | 411.235 | 368.000 (90%) |
Grado II | 435.130 | 50.000 (11,5%) |
Grado III | 345.041 | 27.000 (7,8%) |
Desde 2012, el número de personas dependientes ha disminuido anualmente. Esto se debe, según Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, a la combinación de tres factores: el freno en las nuevas solicitudes, el endurecimiento de los baremos establecidos para declarar la dependencia y a que el ritmo de bajas en el sistema es superior al de altas. El procedimiento de solicitud es, además, “lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias”, según la asociación.
Realización: Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Fuente: Datos del IMSERSO
“La atención a este colectivo de población se convierte en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al modelo actual de nuestra sociedad”, reza la exposición de motivos de la Ley. La realidad, en cambio, no entiende de propósitos legislativos y surge con crudeza: el número de personas atendidas se encuentra estancado desde 2012, siendo el 2014 el año más negativo, con una media de 677 atendidos/mes menos, respecto a 2013. Según el informe, para cubrir la actual demanda de servicios y prestaciones, cumpliendo con los plazos establecidos en la Ley, el ritmo hasta el próximo mes de diciembre tendría que ser de 74.000 nuevas altas al mes. Algo, a todas luces, imposible de abarcar si se persiste en este modelo de financiación y, sobre todo, si las políticas sociales permanecen bajo la sombra de la tijera. Aunque a veces la propaganda reluzca y hasta brille.
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