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Miles de personas son desplazadas por grandes obras civiles

23 de diciembre de 2016

Las transnacionales en el origen del desplazamiento forzado

Martha es una refugiada nasa que vive en Bilbao desde hace tres años. Proviene de Honduras, un resguardo indígena en El Cauca, uno de los departamentos con mayor número de personas desplazadas de Colombia, y con buena parte del territorio destinado a megaproyectos extractivos. Ella, junto a sus dos hijos y su pareja, tuvo que huir de la violencia extrema y las amenazas continuas que sufrieron a raíz de su liderazgo en defensa del territorio frente a la presa hidroeléctrica La Salvajina (gestionada durante 9 años por Unión Fenosa).


Las transnacionales en el origen del desplazamiento forzado
Portales de entrada a los túneles de la presa hidroeléctrica La Salvajina  

Martha y su familia, como tantas otras personas en la zona, tuvieron que decidir entre el exilio y la vida. Además de la persecución a líderes y lideresas opositoras a la presa, este megaproyecto ha tenido notables consecuencias para el medio ambiente y la población, entre otras, el desplazamiento de más de 3.000 personas, rompiendo con sus vínculos ancestrales con el territorio.

Martha no responde al “prototipo” de personas refugiada que los medios de comunicación convencionales y el Gobierno español están moldeando en nuestro imaginario colectivo. La mal denominada “crisis de las personas refugiadas” ha tenido entre sus consecuencias, el refuerzo de estereotipos y miradas reduccionistas, posicionando casi como único motivo de huida el conflicto armado. Se han invisibilizado y descontextualizado las diversas causas que obligan a emprender a miles de personas movimientos migratorios, que son forzados.

La mal denominada “crisis de las personas refugiadas” ha reforzado los estereotipos y miradas reduccionistas


Bajo la denominación de “migración económica”, una migración que se presume “voluntaria”, se ocultan numerosos movimientos forzados de población. En esta narración quedan fuera del marco de análisis las consecuencias de las políticas de comercio e inversión, y con ellas, la expropiación de los bienes naturales, la contaminación ambiental, las consecuencias de los megaproyectos, etc. en el desplazamiento de personas y comunidades. Esta mirada reduccionista legitima un modelo de “desarrollo”, que supuestamente no provoca efecto huida (expulsando a la población de sus territorios ante la expropiación de los bienes naturales) sino el siempre evocado “efecto llamada”.

Si queremos defender los derechos humanos desde una perspectiva crítica y radical, necesitamos poner el foco de atención en el modelo capitalista heteropatriarcal que atenta contra la vida y se expande mediante el expolio del sur global. Éste, al servicio de las empresas transnacionales, se sustenta en una estrategia de acumulación por desposesión y en el mito de un planeta con bienes ilimitados, siendo la implementación de megaproyectos uno de sus pilares fundamentales y el desplazamiento forzado, una de sus consecuencias menos visibles.

El desplazamiento forzado es estrategia y consecuencia

Según fuentes del propio Banco Mundial, se estima que entre 2011 y 2020, 250 millones de personas habrán sufrido desplazamiento en el mundo a causa de los megaproyectos, especialmente de aquellos que tienen que ver con extracción de bienes naturales (minería, petróleo, hidroeléctricas, agrocombustible, etc.). El desplazamiento forzado no es sólo una consecuencia de este modelo de “desarrollo” sino una estrategia para implementarlo.

Entre 2011 y 2020, 250 millones de personas habrán sufrido desplazamiento en el mundo a causa de los megaproyectos


Se persigue y se violenta a las personas y comunidades para sacarlas de su territorio. El caso de Berta Cáceres es el más conocido recientemente pero no es, ni mucho menos, residual. Se trata de violencias ejemplarizantes, que siembran el miedo, y buscan anular las resistencias. Son estrategias sistémicas contra personas que estorban a la imposición del modelo. Para ello se recurre habitualmente a la persecución directa, mediante desaparición forzada, asesinato, amenazas, criminalización y desplazamiento a quienes lideran o son la parte visible de la resistencia. En muchos casos, se utiliza la violencia contra las mujeres para desestructurar a la comunidad.

Las personas de las comunidades que no quieren renunciar a su tierra o a su modo de vida suelen ser víctimas de negociaciones desventajosas, engaños o abusos de poder, cuando no sufren una hostilidad mayor que pasa desapercibida en contextos de conflicto armado o violencia generalizada.

Más allá de la violencia con que se instalan los grandes proyectos de “desarrollo” en muchos países del sur global, la actividad de estas transnacionales genera la degradación ambiental y la desaparición de los modos de vida. En contra del la percepción que existe en Europa de que la empresas generan beneficios para las comunidades donde operan, en muchas ocasiones lo que genera es pobreza y desplazamiento forzado.

Las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, es decir, aquellas cuya forma de vida está ligada al territorio y los bienes naturales, son las principales afectadas por este modelo. En el caso del resguardo del que proviene Martha, la pérdida de las fuentes de trabajo a causa de la construcción de La Salvajina -la minería tradicional, la pesca y la agricultura- implicó que muchas personas tuvieran que marcharse para poder subsistir.

Esta realidad no afecta por igual a hombres y mujeres. A causa de la división sexual del trabajo, ellas han asumido tradicionalmente el rol de sostenedoras de la vida. Cuando los bienes naturales desaparecen o se privatizan, tienen que compensarlo con tiempo, esfuerzo y suma de tareas precarizadas. La mayoría de las mujeres no tiene la titularidad de la tierra aunque la trabaje, están excluidas de los espacios de toma de decisiones, y cuando las multinacionales realizan compensaciones, muchas veces no constan como trabajadoras afectadas. Con la desaparición de sus modos de vida y el desplazamiento se pierden además sus saberes sobre la tierra y el territorio.

¿Y qué dicen los instrumentos de protección internacional?

En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la caracterización de un desplazamiento como forzado se rige por los instrumentos que definen a una persona como refugiada, o merecedora de otro tipo de protección internacional, o como desplazada interna. Sin embargo, no existen criterios claros que permitan definir o delimitar cuándo un movimiento de población puede ser considerado forzado, con independencia del instrumento jurídico de protección que deba articularse o del estatus jurídico que adquiera la persona. No todos los instrumentos recogen las mismas causas. Este sesgo en la interpretación de los Derechos Humanos deja en una situación de vulnerabilidad jurídica a una parte importante de los movimientos migratorios que están tomando especial relevancia en el contexto de capitalismo neoliberal y crisis ecológica.

La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 considera refugiada a aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Interpretaciones recientes, han permitido considerar también la persecución por motivos de género como causa de asilo. Es especialmente relevante el concepto de persecución, ya que solo son refugiadas las personas que tienen fundados temores de ser perseguidas. En base a la jurisprudencia existe hoy un consenso amplio en cuanto a la concepción de persecución como una violación grave o sostenida o sistemática de los derechos humanos.

En el marco del derecho de asilo, los países que aplican la Convención de Ginebra de 1951 han interpretado históricamente esta protección como un paraguas frente a la violación de los derechos civiles y políticos, marginando la de los derechos económicos, sociales y culturales en el acceso a la protección internacional. Cada vez son más las voces que reivindican una interpretación amplia de la Convención de Ginebra, en una coyuntura de globalización capitalista muy diferentes a la que existía tras la II Guerra Mundial y en consonancia con otros instrumentos regionales elaborados posteriormente, que están ampliado las causas para la protección. Instrumentos como la Declaración de Cartagena o la Convención de Kanpala, incluyen cuestiones relativas al contexto actual de despojo y expropiación de benes naturales que viven numerosos países, de los que proceden personas refugiadas.

Necesitamos una lectura radical del Derecho Internacional de los Derechos Humanos frente a la arquitectura de la impunidad que favorece a los intereses de las empresas transnacionales.

Nos encontramos en un momento histórico en el que debemos hacer apuestas políticas claras. Desde hace un año y algunos meses asistimos a una ola de solidaridad y compromiso con los derechos de las personas refugiadas promovida por una ciudadanía, que está demostrando mayor altura ética que buena parte de las instituciones en relación a la acogida. Las organizaciones sociales debemos aprovechar este momento para posicionar una mirada crítica sobre las causas de las migraciones, desentrañando el carácter forzado de muchos movimientos de población consecuencia del modelo de desarrollo impuesto por las transnacionales. Frente a la impunidad de la que gozan estas empresas, debemos señalarlas como agentes que provocan desplazamiento, e incidir para dotarnos de un marco jurídico que les exija respetar los derechos humanos y no provocar movimientos forzados de población. Si no lo hacemos, si continuamos con mensajes y análisis que no cuestionan este modelo de expolio y desplazamiento, si no ponemos el foco en el papel de las empresas transnacionales, seguiremos obviando que las personas como Martha son personas refugiadas y necesitan un lugar seguro en el que rehacer su vida.

Beatriz de Lucas    CEAR Euskadi

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