La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha publicado un informe en el que argumentan que esta reforma legislativa ha venido a “aumentar la distancia y a profundizar en la brecha que peligrosamente se ha abierto entre la política y los ciudadanos”. Además, según el colectivo, el empeño del actual Gobierno en funciones por reducir el número de concejales o establecer la gratuidad del desempeño del cargo “no es sino convertir la política municipal en culpable de los desmanes en nuestra economía e instalarla en el estatus permanente de sospechosa”. En la misma línea, destacan que el papel adquirido por las Diputaciones Provinciales en este proceso, administraciones no elegidas directamente por la ciudadanía y principales favorecidas por la reforma del PP.

La Ley de Racionalización de la Administración Pública ha redistribuido las competencias de los ayuntamientos, sobre todo en aquellas materias que sostienen el Estado del Bienestar. Así, han resultado principalmente afectadas Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Sin embargo, el texto normativo reserva la posibilidad de que las Comunidades Autónomas pueda delegarlas cuando convenga, dictando las condiciones, los límites y las características de los servicios. Es esta una forma de limitar las iniciativas políticas que se alejen del modelo de estado dictado desde el Gobierno central y las autonomías afines.

Otro de los aspectos claves que señala el estudio es la gravedad que esta Ley reviste para el Sistema de Servicios Sociales, por entender el colectivo de gerentes que “la mínima solidaridad expresada desde una Administración Pública es impedida y el concepto Comunidad queda reducido a los mínimos intereses comunes imprescindibles: cementerios, vialidad, aguas, vertidos...”. Hacen alusión de esta manera al “contenido ideológico que rezuma” esta norma, que reduce las competencias municipales a la gestión administrativa e impide acciones de carácter político, primando a “los individuos particulares” en detrimento de la “comunidad”. “El colmo de la ideología ultraliberal”, sentencian.

Los datos que aporta el informe contrarían al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuyo argumento principal giraba en torno al ahorro que para las arcas del estado suponía “evitar duplicidades”. Desde la asociación responden que la centralización no sólo es negativa, sino antieconómica, porque “no necesariamente las Comunidades con mayor gasto en materia de servicios sociales son las que tienen mejor cobertura. Es decir, una mayor oferta de prestaciones y servicios”.

El Programa Nacional de Reformas 2013 presentado a la Comisión Europea menciona la Reforma Local como compromiso de reducción del gasto público

En concreto, la eficacia no pasaría por centralizar los servicios sociales sino por dotar de protagonismo a las entidades locales. Del análisis se extrae que Extremadura y Castilla-La Mancha son las comunidades que mayor porcentaje del PIB autonómico destinan a servicios sociales (2,57% y 4,5% respectivamente), pero no alcanzan el aprobado en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales elaborado con datos de 2014 por la Asociación de Directoras de Servicios Sociales. Aragón, que dedica un 1,24% del PIB, es la autonomía que mayor cobertura de prestaciones y servicios sociales ofrece. Castilla y León, donde se destina un 1,68%, le sigue en eficiencia. El resto de primeros puestos en este balance de prestaciones lo completan Cataluña, País Vasco y Navarra.

Señalan también que frente al carácter descentralizado de las comunidades con mejor coeficiente, en Extremadura las estructuras están centralizadas, “especialmente en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia”. En lo relativo a Castilla-La Mancha, es la única autonomía donde funciona el modelo de gestión autonómica directa y afecta a una parte considerable de las estructuras básicas de servicios sociales.

Para la asociación, estos datos muestran que la centralización de los servicios sociales “además de ser socialmente negativa, es antieconómica”, en la medida en que encarece la gestión del sistema. Y apuntan que con esta Ley, parafraseando los argumentos a favor de la reforma “se contribuye a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera de las administraciones, pero no por la vía de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino lisa y llanamente a costa de dejar a la ciudadanía sin los servicios más necesarios para sus necesidades más básicas de vida y convivencia”.

Los recortes comenzaron en 2011

La asociación de profesionales gerentes de Servicios Sociales también publicó en 2014 un informe que revisaba de manera pormenorizada el gasto que las administraciones públicas invirtieron en Servicios Sociales. El estudio se basaba en datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y concluía que el gasto total de las entidades locales en 2013 fue de unos 5.190 millones de euros, muy superior a los 2.411 que se destinaron a servicios educativos y los 802 millones en sanidad. Según el informe, el gasto en servicios sociales se encuentra en torno al 9% del total del gasto de las entidades locales.

Elaboración Gráfico: Asoc. Directoras y Gerentes Servicios Sociales

Las entidades locales han recortado el gasto en un 19,1% entre 2010 y 2013, un total de 1.224 millones de euros. En este descenso, la partida de gasto más castigada, con una reducción del 32,4%, ha sido la de las transferencias corrientes a familias y entidades y se calcula que se han perdido unos 10.000 puestos de trabajo en el sector público local en estos tres años.

Recordando que el gasto en servicios sociales se sufraga en un 27,5% por las Comunidades Autónomas, un 6% por los usuarios y un 66,5% por las propias entidades locales, estos recortes suponen una importante merma a los recursos necesarios para atender las necesidades sociales de la ciudadanía. Así, según el estudio, las áreas más afectadas por la reforma de la ley de administración local son el gasto en dependencia (1.591,3 millones de euros menos) y promoción social (517,7 millones).

Elaboración Gráfico: Asoc. Directoras y Gerentes Servicios Sociales

Las razones de la reforma

“Consideramos que más allá de la racionalización y de la sostenibilidad, lo que realmente persigue la reforma es una drástica reducción del gasto público local ante las exigencias de los supervisores internacionales”, concluyen desde la asociación. Y es que el Programa Nacional de Reformas 2013 que el Gobierno de Rajoy presentó a la Comisión Europea menciona de forma específica la Reforma Local como compromiso de reducción del gasto público. Concretamente, se comprometía a reducir el gasto en 908,4 millones de euros en 2013, 890,4 en 2014 y 4,48 en el año 2015.

Además, otra de las medidas promesas a Europa pasaban por una “supresión de servicios” que concretaba la “desaparición de entidades locales menores y supresión de servicios que no son de competencia local”. Una nota a pie de página detalla que por la desaparición de entidades locales se espera ahorrar 13,9 millones de euros y por la eliminación de “competencia impropias”: 680 millones en 2014, 2.602 en 2015 y 453 en 2016. Un recorte de 3.735 millones suprimiendo servicios públicos.