La recesión económica ha ido acompañada de una grave crisis política. El informe del año anterior concluía que la crisis y la gestión de la misma nos había dejado tres heridas. Según Belén Barreiro, Directora del Laboratorio de Alternativas, estas son: “la desigualdad social, la impotencia de la política para cambiar el rumbo del país y el deterioro de las instituciones”. El IDE-2015, elaborado por un equipo de investigadores [1] designado por el Laboratorio de la Fundación Alternativas, bajo el título “Reformular la política”, se centra en explorar el descontento de la ciudadanía con el funcionamiento de la democracia en nuestro país.

Los expertos tradicionalmente consultados por el IDE otorgan una calificación a la evaluación general de la democracia de un 5,2 sobre 10; puntuación idéntica a la del año pasado. La novedad es que se introducen un nuevo factor negativo: los derechos sociales, que eran una de las fortalezas del sistema democrático, se convierte en un problema.

Por otra parte, se mantienen la mayor parte de las tendencias negativas, entre las que Joaquín Estefanía ha destacado tres problemas fundamentales:

• La corrupción y la sumisión del poder político al poder económico.

• Los derechos de los trabajadores no se han recuperado y las garantías sanitarias tradicionalmente proporcionadas por el Estado se desvanecen.

• La exclusión de las capas sociales más vulnerables como resultado de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del código penal y la política de control de fronteras.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas incluyó preguntas específicas sobre estos asuntos en el 2012, y concluía que 7 de cada 10 españoles estaban poco satisfechos con esas medidas.

La evaluación general de la democracia en nuestro país es de un 5,2 sobre 10

Es a partir de 2008 cuando el porcentaje de personas satisfechas con la calidad democrática cae estrepitosamente, y desde entonces, este indicador de satisfacción no se ha recuperado. España era el país con menor nivel de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia antes de la crisis, y ahora se encuentra 20 puntos por encima de la media europea. De hecho, ningún país ha registrado una caída tan abrupta en este sentido.

Para Antón Costas, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y Presidente del Cercle d’Economia, “ha sido sorprendente la rapidez y la intensidad con la que se ha deteriorado este indicador” y ha realizado un paralelismo con la caída de otros indicadores económicos que reflejan la desigualdad, la pobreza o el aumento de exclusión juvenil del mercado laboral, y por ende, de la sociedad en cierta medida.

Para Costas, los motivos de esta pérdida de satisfacción democrática es que hay un déficit de “mecanismos de voz y de cooperación” que hace que se acentúen los “mecanismos de salida”. “Somos el país de Europa que más a utilizado los ERE. Si no tuviéramos a tan fácil alcance estos mecanismos de salida, tendríamos más presión para no llegar a este límite, como hacen otros países europeos”, ha declarado el Catedrático. Por último, ha concluido diciendo que “es necesario recrear el pegamento que favorece la cohesión social y que en estos años se está secando”. En definitiva, para reformular la política hay que reconstruir el contrato social.

El IDE-2015 sostiene que la desigualdad no es solo susceptible de dañar el crecimiento económico creando ineficiencias en la distribución de los factores y en la productividad, sino que también tiene hondas repercusiones políticas.

Los actuales niveles de desigualdad se están haciendo intolerables para la opinión pública, que empieza a reclamar que se respeten las reglas del contrato social para que nadie se quede atrás.

Entre 2007 y 2011, el índice Gini que mide la desigualdad de ingresos en un país, pasó del 31,9 al 35, lo que sitúa a España a la cabeza de la desigualdad en la Unión Europea. A esto, hay que sumar el impacto de las políticas de austeridad para controlar el déficit público, centradas en los recortes en gasto social, y la subida de impuestos indirectos. Una medidas que han atacado de forma directa a los estratos sociales con una renta más baja. España es el país de la OCDE, junto con Grecia, en el que en este periodo los ingresos de la decila [2]más baja disminuyeron un 12,9% mientras que los de la decila más alta, tan solo cayeron un 1,4%.

Los impuestos como indicador del estado de la democracia en un país

Si aceptamos la premisa de que la calidad de la democracia aumenta en la medida en la que la ciudadanía es más igualitaria, un sistema tributario que reduzca la desigualdad de la renta y la riqueza -es decir, un sistema tributario progresivo- se convierte en una herramienta imprescindible para conseguir el objetivo de calidad deseable de una democracia.

Uno de los problemas de la democracia es la sumisión del poder político al poder económico

Pues bien, durante los últimos años, la eliminación de la progresividad para las rentas altas y muy altas ha permitido que se produzca una fuerte acumulación de los ingresos y del poder en una élite económica, contribuyendo a esa desigualdad entre los de arriba y los de abajo.

Esto recuerda la metáfora del sociólogo polaco Zygmunt Bauman para describir la desigualdad social en la era global:

“Un puente no colapsa cuando la carga que sostiene supera la fuerza promedio de sus tramos; el puente colapsa mucho antes, cuando el peso de la carga sobrepasa la capacidad portante de uno de sus tramos: el más débil. (...) No importa cuánta fuerza tienen en general los tramos, las pilas y los estribos: el tramo más débil es el que decide el destino del puente entero”.

Y es que la democracia es la primera víctima de la desigualdad. En conclusión, en esta insatisfacción no solo ha influido la situación económica, sino también la intervención en los procesos democráticos nacionales de instituciones internacionales y mercados, cuya legitimidad para hacerlo está en cuestión. Por consiguiente, el descontento generalizado de la ciudadanía puede que evolucione de malestar en la democracia a malestar con la democracia.