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10 de diciembre de 2014

La deuda privada y la “desamortización” de la banca

La envenenada herencia recibida de aquellos ‘maravillosos’ años del boom inmobiliario es una gigantesca deuda privada externa. Y ésta es el principal cuello de botella de la economía española dado que sufre una crisis de acumulación de capital.

Esta soga ha generado una crisis de insuficiencia de demanda. Por lo tanto, cualquier programa de reactivación económica pasa por quitar la soga al ahorcado: es decir, reestructurar la deuda privada. Y dentro de ésta, el nudo gordiano es la deuda bancaria externa.

Posteriormente habrá que reestructurar una deuda pública, que absorbió parte de la deuda privada, y que se desbocó, a pesar del superávit cíclico de los años del boom, porque poseía un déficit estructural crónico.


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DodgertonSkillhause. CC  

En la Historia de España, ante la ausencia de revoluciones populares, las desamortizaciones se convirtieron en la gran palanca económica para transitar, a trompicones, de un sistema productivo a otro. Mal que bien así se transitó del feudalismo al capitalismo, eso sí, dirigido por una burguesía aristocratizada. Aprendimos de nuestra Historia que la desamortización es un instrumento del Estado para sanear la deuda externa, ayudar al cambio social y al desarrollo de las fuerzas productivas. Una desamortización consiste en expropiar unos bienes o instituciones y después venderlos a otros actores económicos más dinámicos. Se trata de poner a disposición de la sociedad un ingreso extra para tapar agujeros y de crear una nueva clase social más productiva. En un ejercicio de imaginación, hoy nuestras “manos muertas” sería la casta de banqueros que monopoliza y paraliza nuestro sistema de ahorro y crédito, cuya función es objetivamente pública.

Es importante entender que el rescate de la banca no se hizo para recuperar la actividad económica, sino para facilitar la devolución de la deuda bancaria externa (60% del PIB) a nuestros acreedores: entidades financieras alemanas y francesas, así como fondos de inversión.

La lista de agravios es larga. La banca privada hinchó y se benefició de la burbuja; echó de sus casas a centenares de miles de familias; puso la soga de la deuda externa en nuestra economía; con dinero casi gratis del BCE se lucró prestando dinero al Estado y se comprometió políticamente a financiar la liquidación del capital público de las Cajas de Ahorros con compras adicionales de deuda pública. Unas Cajas que previamente habían sido saqueadas, por la casta política, y convertidas en la antítesis de una banca pública.

El PSOE en los ochenta apostó por la privatización de la banca pública y la potenciación e internacionalización del capital bancario nacional, cerrando el mercado a los bancos extranjeros. Sin embargo, hoy en día, lo único patrio en el sector financiero es la casta tecnocrática bancaria, que controla sus Consejos de Administración. Los dueños mayoritarios de los bancos españoles son fondos de inversión extranjeros. En el caso del Santander, el 52,02% del capital está en manos de estos fondos, un 46,4% lo poseen inversores minoristas, y la familia Botín y su consejo de administración tienen el 1,54% restante.

El veredicto es inapelable. Las manos muertas de la banca deben convertirse en vivas y recuperar el sistema de ahorro y de crédito para la sociedad. Tenemos la necesidad imperiosa de liberar recursos y ponerlos a trabajar. Ahora bien, ¿cómo hacerlo?

Cualquier tipo de nacionalización implicaría la estatalización de la deuda privada bancaria. Es decir, desvestir a un santo para vestir a otro. A lo que habría que añadir la presión sobre los intereses en los mercados de deuda. Entonces, ¿cómo vestimos a los dos santos?

Si usamos una reforma fiscal para pagar la deuda bancaria, sería poco menos que despilfarrar el último recurso de nuestro ahorro nacional, cuyo uso tendría que estar reservado al gasto social y a la reactivación de la economía.

Seguimos sin conseguir vestir a los dos santos y se nos impacienta el camarero del IBEX35. José Carlos Díez nos trae la cuenta sin pedírsela: “Y, ¿cómo vais a pagar esas dos deudas?”, grita repelentemente.

Yo le respondería con vehemencia: “¡Con dinero gratis venido del ahorro exterior y reactivando la economía mediante la reestructuración de la deuda privada! ¿Que cómo se hace? Con lo mejor de nuestras viejas tradiciones: la desamortización de la banca. Es mano de santo”.

La desamortización de la banca consistiría en nacionalizar todo el sistema financiero sin indemnización para, acto seguido, realizar la venta tanto de las participaciones de la matriz en las filiales en el extranjero, como de un 40% del capital bancario nacional, en el marco de un plan de saneamiento y reestructuración de la deuda bancaria externa. El paquete a la venta puede ser muy atractivo para los bancos de los países emergentes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Ahí es donde podemos encontrar nuestras “manos vivas”, esos nuevos actores económicos que nos ayuden a dinamizar nuestra economía. El 60% restante del capital bancario se mantendría en manos del Estado, constituyéndose así la nueva banca pública.
Bajo una hipótesis, muy personal y subjetiva, esos ingresos irían destinados en un 66% a reestructurar la deuda bancaria externa permitiendo ganar tiempo, dos o tres años, para ayudar a reactivar la economía española, y posteriormente, una vez recuperada la capacidad de pago, realizar quitas a cambio de adelantos. Y en paralelo, reestructurar la deuda privada interior para aliviar financieramente a familias y empresas, reduciendo su valor nominal de sus deudas con los bancos. Todo esto en el marco de una estrategia de reactivación económica.

Estamos hablando que el conjunto de activos del Grupo Santander en todo el mundo es un poco superior al PIB español (un billón de euros). Sin contar los bancos resultantes de las fusiones de las Cajas más pequeñas que están fuera del Ibex35 y el 60% de Bankia que pertenece al Estado, podemos decir que “nuestros bancos” del Ibex35 tienen un valor de un 200 mil millones (capitalización bursátil). Casi la mitad pertenece al Santander, que incluye su filial brasileña (20% del Grupo). Eso sí, habría que cobrar un sobreprecio político tanto por retirar el proteccionismo vigente al mercado bancario español, como por vender el control del banco. Realmente sería importante llegar a la cifra de 200 mil millones, el doble del valor del vencimiento medio anual de deuda bancaria y la mitad de todo lo que los bancos deben a entidades financieras que no son el BCE.

De ningún modo se aceptaría a bancos de Francia ni Alemania, por ser acreedores mayoritarios, es decir, parte del problema. Incluso cabría la posibilidad de que convirtieran su deuda en capital bancario pero políticamente sería un suicidio porque es la misma casta europea que nos ha impuesto el austericidio y nos ha tratado como una colonia.

La clave está en ir a países que basan sus relaciones en el beneficio mutuo. Y lo más importante, que tengan dinero para comprar. Y esos países son exactamente los BRICS, que tendrán interés tanto por los activos y clientes que nuestros bancos tienen en el resto del mundo, como por un mercado nacional con activos baratos, puerta de entrada para Europa. Y, lo aún más interesante, es que esos países tienen poderosos bancos públicos, a los que habría que dar preferencia en esa subasta. Incluso no es descartable explorar diferentes fórmulas de banca pública mixta entre países. Por ejemplo, bancos públicos chinos llevan un tiempo internacionalizándose. Los bancos brasileños, tanto públicos como privados, están iniciando ese proceso. Y obviamente estarán interesados en la filial brasileña del Santander, que obtiene y repatria año a año a España unos jugosos dividendos.

Recordemos que los BRICS acaban de fundar un Banco de Desarrollo, cuya sede está en Shanghai y cuyo posible presidente del Consejo de Administración será Guido Mantega, militante del Partido dos Trabalhadores do Brasil. Por ello, la relación con los BRICS, y en especial con PT de Brasil, es de vital importancia para no caer en la tela de araña del FMI. Evidentemente implicaría cambiar nuestra geopolítica.

El sistema bancario debería devolver a la sociedad unas “reparaciones por la crisis” en forma de cofinanciación de una renta básica universal y bimestral, a lo largo de tres años, mediante una Tarjeta Reactivadora del Consumo Nacional. Consistiría en dar a todos los españoles una tarjeta (los menores de edad cederían su uso a sus padres o tutores) con un saldo de aproximadamente 200 euros, cada dos meses, financiado en un 60% con el 33% de los ingresos anuales adicionales, recaudados durante tres ejercicios presupuestarios, tras el aumento de presión fiscal en diez puntos del PIB, y el 40% restante, sería financiado con el 33% de los ingresos de la desamortización de la banca. Tendría un coste global para los tres años de 167.427.936.000 euros.

Esta renta básica no sería un derecho ni una prestación social, sino un instrumento del gobierno para reactivar el consumo nacional. Para hacerla eficiente es necesario que supere dos barreras: que esos fondos no se queden debajo de un colchón y que no se compren más productos extranjeros que españoles. Para evitar la primera barrera, cada dos meses caducarían los fondos sobrantes del bimestre anterior, y automáticamente después, se renovaría hasta los 200 euros. ¿Por qué así? Para evitar lo que Keynes llamaba paradoja de la frugalidad: ante un escenario de alto endeudamiento y caída de precios, cualquier renta que se reciba se va a destinar más a ahorro que a consumo. La segunda barrera consistiría en limitar los canales de compra para no ampliar el déficit comercial exterior, puesto que puede traducirse en un incremento de las importaciones lo que sería nefasto para nuestra deuda privada externa. Las empresas cuya producción esté en su mayoría en España podrán establecer un canal de compras por internet para uso de esta tarjeta. También podrá utilizarse en comercios al por menor (no grandes cadenas) o de consumo responsable. Si Luxemburgo tiene ingeniería fiscal, nosotros podremos diseñar nuestra ingeniería legal para evitar el veto del derecho europeo a la competencia.

La nueva banca pública (60% del capital bancario) se construiría sobre unos objetivos sociales e innovadores claros: la financiación productiva, la recuperación de empresas socialmente rentables por parte de sus trabajadores, el fin de los desahucios de primera vivienda, alquiler público de viviendas para rentas bajas, inversión en la infraestructura digital y la economía colaborativa, mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los depósitos de las rentas del trabajo, así como la alianza con el cooperativismo financiero y las nuevas formas de financiación colectiva online.
A modo de conclusión, si el nuevo gobierno no consiguiera liberar recursos de la deuda exterior, tejer una nueva diplomacia financiera y crear una robusta banca pública, tendremos que considerar que para ese viaje no es menester alforjas.

Pablo González  

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