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La economía social pide a las administraciones que priorice las empresas del sector en las adjudicaciones

2 de agosto de 2015

La contratación pública como arma política

El poder de las administraciones a la hora de dinamizar una economía se puede orientar (y de hecho siempre lo hace) para cumplir objetivos políticos. La inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas es la gran demanda de la Economía Social, con la que se multiplicaría sus efectos positivos sobre la sociedad. La tendencia de decidir las adjudicaciones solamente por el factor precio elimina del proceso a las entidades del sector y pone en peligro su viabilidad.


La contratación pública como arma política
Elvira Megías  

Ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, autonomías, gobierno del Estado... En conjunto, las administraciones constituyen una fuerza tractora de la economía gracias, además de a sus políticas fiscales y de rentas, a su capacidad de contratación de obras y servicios. A la maquinaria de la administración se le puede echar combustible para que su fuerza acabe impactando sobre un sector, una región o la economía del país en general. Una de las muestras más claras y recientes, aunque tuvo numerosas críticas y un dudoso resultado, fue el plan E impulsado por el gobierno del PSOE cuando la crisis parecía ser un bache de poco más de un año. Y aunque las políticas de estímulo económico parecen haber sido guardadas en el último cajón de la mayoría de administraciones, éstas, para su funcionamiento diario y el de los municipios, comunidades autónomas y Estados, han de mantener mínimamente en marcha la contratación. Más allá de garantizar la prestación de servicios, esta importante capacidad de contratación que tienen las administraciones se puede orientar a cumplir objetivos políticos.

Es de esta idea de la que parte la demanda de introducir cláusulas sociales o la reserva de una parte del porcentaje de las adjudicaciones para entidades de la economía social. Esto favorecería el desarrollo de un sector que, por sí mismo, ha conseguido convertirse en una alternativa para miles de trabajadores, consumidores y ahorradores en los últimos años y que, según la ley estatal de Economía Social, se rige por principios como la primacía de las personas y el fin social sobre el capital, la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad y la sostenibilidad, y la independencia respecto a los poderes públicos.

El retorno social de la inversión (SROI)

Si no es suficiente la constatación de los principios que rigen a las entidades de la economía social, se puede recurrir al reconocimiento de su impacto en la sociedad y la economía. Si bien es cierto que para el mismo sector no resulta fácil traducir este impacto en efectos cuantificables y valorables -algunas de las variables habituales en la medición de realidades económicas, como el PIB, únicamente reflejan una parte de su contribución a la sociedad-, se han establecido algunos sistemas de medición que tratan de aproximarse al retorno social que genera la inversión en las entidades y estudios que intentan poner cifras al impacto del sector en la sociedad. Entre los primeros destaca el Retorno Social de la Inversión (SROI).

La presencia de determinados colectivos con dificultades de acceso al empleo es mayor en las empresas de la economía social


Por ejemplo, desde la patronal de Dincat, un grupo de entidades catalanas sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual, aseguran que sus centros especiales de empleo que han medido su impacto social a través de este mecanismo generan un retorno medio de 3,5 euros por cada euro que invierte en ellos la administración.

Respecto a la cuantificación del impacto socioeconómico del sector, un estudio de la Confederación Empresarial Española de Economía Social y la Escuela de Organización Industrial concluye que el impacto socioeconómico total de los valores de las entidades españolas del sector asciende a casi 4.000 millones de euros anuales, de los cuáles algo más de 3.000 son directos y el resto, indirectos. Según el informe sobre el impacto socioeconómico de las entidades de la economía social, los hogares de los trabajadores son los agentes que se benefician en mayor medida, pues ingresan 2.590 millones de euros anuales en concepto de rentas salariales netas. El beneficio para las administraciones es de unos 1.180 millones al año y el de las empresas, de 159 millones.

El estudio, publicado en 2013, pero que analiza datos de 2009, parte de la tesis de que los valores que comportan las empresas de la economía social -cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, asociaciones del ámbito de la discapacidad y entidades singulares- las hacen comportarse de forma diferente a las empresas mercantiles en aspectos como la composición de sus plantillas, las condiciones de trabajo, la especialización productiva y su ubicación geográfica, y que esta manera de comportarse tan propia constituye una importante aportación a la cohesión social y territorial que se concreta económicamente en estos 4.000 millones. Y utiliza como principal fuente de información la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social, a partir de cuyos datos contrasta el comportamiento y el impacto de las empresas de la economía social con las sociedades limitadas y anónimas.

Efectos en la cohesión social

Según CEPES y la Escuela de Organización Industrial, la presencia de determinados colectivos con dificultades de acceso al empleo es mayor en las empresas de la economía social, en las cuáles, además, las condiciones de trabajo son mejores, hay más igualdad de oportunidades, tanto por la diversidad en la dirección, como por las diferencias de género en las trayectorias laborales o por las posibilidades de conciliar mejor vida familiar y profesional. Así, concluye que, si estas pasaran a comportarse como empresas ordinarias, cerca de 158.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso al mercado -personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, mayores de 55 años, mujeres mayores de 44 y trabajadores de baja cualificación- perderían su empleo, 6.800 trabajadores -de ninguno de los colectivos anteriores- se verían obligados a cambiar su jornada completa por una parcial no deseada, cerca de 156.000 personas verían reducido su salario, y unas 10.500 que han disfrutado de periodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo.

En la Economía Social las condiciones de trabajo son mejores y hay más igualdad de oportunidades


Además, 4.100 trabajadores pertenecientes a colectivos habitualmente infra representados en los puestos más altos de las empresas dejarían de ocupar estos puestos, más de 300 mujeres dejarían de coger excedencias para el cuidado de sus hijos y las condiciones de trabajo de las personas de entre 25 y 44 años empeorarían. Más allá de las consecuencias para los trabajadores, el estudio dibuja un escenario, si se cumpliese la hipótesis, en el que desaparecerían 1.000 empresas que actualmente prestan servicios para personas mayores y con discapacidad y cerca de 2.500 del ámbito de la educación y otros servicios sociales. Todos estos efectos sobre la cohesión social se concretan en un impacto de 3.400 millones de euros.

En el capítulo de la cohesión territorial, el informe muestra que, si las empresas de la economía social se comportasen como las ordinarias, se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales y que la población residente se reduciría en unas 102.000 personas. El beneficio directo de esto se cifra en 393 millones, la mayoría correspondientes al capítulo de rentas salariales netas de los trabajadores, y el resto, a la reducción fiscal por IRPF y por cuotas a la Seguridad Social. A estas cifras se añaden otros 132 millones por el ahorro de prestaciones contributivas y asistenciales ligadas a las situaciones de desempleo. De modo que el impacto global por aspectos relacionados con la cohesión social suma 525 millones de euro anuales.

¿Cómo implementar las clausulas sociales? Ayuntamientos catalanes señalan el camino

Lo primero es recordar que el marco normativo actual es favorable a la inclusión de criterios sociales . Y se vislumbra una legislación que lo será aún más. De hecho, la Comisión Europea aprobó el año pasado una directiva que da un paso adelante en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, ofrece nuevas posibilidades y regula aspectos derivados de la aplicación de la última directiva. Esta normativa europea se debería trasponer a la legislación española en el primer semestre de 2016. Además, algunas comunidades autónomas y municipios también han aprobado normas propias.

Si las empresas de la economía social se comportasen como las ordinarias, se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales


El marco normativo ha dejado de considerar únicamente el principio de libre competencia y contempla los criterios sociales en la contratación pública. Esto, junto al ejemplo de algunas administraciones que han sido pioneras en la incorporación de cláusulas, está empujando a cada vez más municipios, consejerías y entidades públicas en esta senda. Desde el sector se constata este avance, aunque se advierte que aún queda mucho camino. Entre los pioneros está el Ayuntamiento de Barcelona, que, en 2008, aprobó la reserva a las entidades de la economía social en los contratos de menor cuantía e introdujo cláusulas sociales y ambientales en los más grandes, en los que la ley no permite la reserva. Según el exregidor de ICV, Ricard Gomà, que entonces estaba en el gobierno municipal, sólo la primera medida permitió crear o mantener 15.000 puestos de trabajo entre 2009 y 2011, cuando la crisis ya causaba estragos en el mercado laboral. Otro gran consistorio catalán, el de Girona, decidió a finales de 2014 seguir el mismo camino después de comprobar que la crisis había empujado a muchas empresas mercantiles a presentarse a los concursos públicos y que éstas, con su agresividad en los precios, habían dejado fuera a entidades sociales del territorio.

Entre las pocas administraciones que contabilizan la presencia de cláusulas sociales en las adjudicaciones se encuentra la Generalitat de Catalunya, que, a través de la Oficina de Supervisión i Evaluación de la Contratación Pública, elaboró el Informe de adjudicaciones de contratación de la administración de la Generalitat de Catalunya y de las entidades de su sector público realizadas durante el año 2014. Este constata que el 25,3% del total de adjudicaciones incorporaron cláusulas sociales -representan el 25,8% del importe total contratado-.

Aunque las cláusulas sociales estén cada vez más presentes, a raíz de la crisis y las dificultades financieras de muchas administraciones, el precio se ha convertido en el factor determinante en muchos procesos de adjudicación. Muchas voces del tercer sector ponen de manifiesto que esta deriva, además de poner en serias dificultades la presencia de entidades sociales en los concursos y, por extensión, su viabilidad -pueden ser menos agresivos en precio porque, de otra manera, tendrían que renunciar a algunos de sus principios-, amenaza la calidad del servicio. En este sentido, la directora de la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública de la Generalitat, Maria Teresa Pitarch, recomienda a las administraciones que contemplen la oferta económicamente más ventajosa, que no siempre coincide con la de precio más bajo -si se tiene en cuenta también el impacto social-.

Por tanto, aún queda camino por avanzar en la introducción de cláusulas sociales, pero el marco normativo ya deja el camino despejado para avanzar. Sólo con estos mecanismos, y sin un esfuerzo presupuestario adicional, contribuiría al desarrollo de un sector que impacta directamente sobre la cohesión social y territorial. Las herramientas están disponibles. Como en tantos otros temas, sólo depende de la voluntad política. Y, seguramente, también de la capacidad de la sociedad civil de poner el tema en la agenda y de los ciudadanos de empujar a los políticos hacia el objetivo.

Paula Mateu  

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