Bruselas nos exige además la supervisión trimestral de nuestras cuentas, algo que pone de relieve la falta de credibilidad del Gobierno en Europa, y lo que es peor, nuevos objetivos fiscales: un déficit del 3,1% en 2017 y del 2,2% en 2018, lo que supondrían ajustes de hasta 26.000 millones de euros en esos años dado el ajuste de casi dos puntos y medio del déficit que España debe atender sin más demora.

Conviene recordar que desde el inicio de la crisis en 2009-2010 con el estallido de la burbuja inmobiliaria, durante los dos últimos años del Gobierno de Rodríguez Zapatero se produjeron en España recortes de unos 50.000 millones de euros (funcionarios, pensiones, ayuntamientos, comunidades autónomas, inversiones públicas…) pasando de un déficit del 11,2% al 6% en esos dos años. Durante el Gobierno de Rajoy, también se recortaron en torno a 50.000 Millones de euros principalmente en educación, sanidad, dependencia… (8% del PIB final en 2011 hasta en torno al 4,7 % en 2016), además del rescate bancario de más de 40.000 millones de euros y la subida de impuestos indirectos… Sin duda, los más grandes y graves recortes de nuestra reciente democracia.

Cifras récord de pobreza y desigualdad en España: 700.000 hogares sin ingresos

Lo más flagrante es que todas estas medidas, exigidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), no han servido para relanzar la economía española, ni para crear empleos de calidad o reducir la deuda de manera significativa (100% del PIB) y el déficit público (4,7% para 2016). Las bondades del crecimiento, en el caso de España, se han debido más bien a variables exógenas. En el polo opuesto, Estados Unidos ha practicado otra política económica, más expansiva, contraria al denominado austericidio (políticas de continuo ajuste fiscal) con resultados positivos en el empleo.

Las consecuencias de las políticas de recortes impuestas por Bruselas han sido nefastas: un incremento en 4,5 puntos de la población en riesgo de pobreza y exclusión (hasta el 29,2% en 2014, cerca de 14 millones de personas) durante el periodo 2009-2014, un 6,9% en situación de pobreza severa (3,2 millones de personas), casi 700.000 hogares sin ingresos según la EPA del segundo trimestre de 2016 y España como segundo país de la UE en pobreza infantil. También se ha producido un aumento de la desigualdad: el 20% con mayores ingresos tiene rentas casi 7 veces mayores que el 20% más pobre [1].

Seguir planteando nuevos recortes reduciendo el gasto público, sólo servirá para generar más sufrimiento, deteriorar la economía condenándola a la cronificación del paro y al “precariado” (trabajadores pobres) y supondrá un nuevo ataque a las políticas públicas de educación, sanidad, dependencia o pensiones, las más necesarias para el bienestar de las personas, que generan empleos de calidad y son una base sólida para la cohesión social y territorial.

Alternativas: reforma fiscal justa y lucha contra el fraude y los paraísos fiscales

Actuar sobre los ingresos sigue siendo la asignatura pendiente. Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal [2] defendemos que hay un margen amplio para intervenir en el desajuste de las finanzas públicas. En el actual proceso de conformación de Gobierno, la primera actuación, sin duda, es abordar una reforma fiscal justa (CE art. 31.1) que equipare la tributación de los rendimientos de capital y los del trabajo en el IRPF y asegure la suficiencia en los ingresos, la progresividad y la universalidad. Según Eurostat (2014), en España estamos a 4,5 puntos del gasto social medio (UE 48,1% del PIB, Francia 57,2%) y a 7 puntos de diferencia en ingresos (UE 41,5 del PIB), quedando un margen suficiente para pensar en otras políticas de ingresos.

Mientras se hace efectiva una auténtica reforma fiscal con el mayor consenso político y social posible, algo que podría llevar uno o dos años para conseguir ingresos de unos dos puntos del PIB por año hasta equipararnos con la media de la UE (evitando la “competencia fiscal” y el “dumping social”), son necesarias medidas fiscales de choque, más allá de las soluciones imaginativas como la recientemente aprobada por el Gobierno del PP anticipando el ingreso del Impuesto de Sociedades: ¿Qué haremos cuando volvamos al año normal de liquidación del citado impuesto? ¿Nos quedaremos un año sin estos ingresos?

También se puede actuar ya sobre los impuestos de Patrimonio, las SICAV o Sociedades (tributación efectiva del 15% mínimo que ya pagan de media las PYMES). Además de la lucha contra los Paraísos Fiscales y la implantación del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), es posible actuar de forma rápida y eficaz contra la economía sumergida, la evasión, el fraude y la elusión fiscal, potenciando los recursos materiales y legales de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, lo que supondría una mayor recaudación de manera rápida y significativa.

Como siempre, depende de la voluntad política, de la capacidad de presión y conciencia social sobre este importante tema de la justicia fiscal para recuperar las políticas sociales y dejar atrás el austericidio y los recortes.

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