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29 de diciembre de 2016
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El caso Lagarde: la culpabilidad en versión business class

El tribunal de Justicia de la República publicó, este lunes 19 de diciembre, su sentencia del juicio por el arbitraje Tapie, entre el ex ministro de Nicolas Sarkozy y la actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Se reconoció la culpabilidad de Lagarde, pero se le dispensó la pena y sus antecedentes penales permanecen impolutos.


El caso Lagarde: la culpabilidad en versión business class
Verdadera proeza, incluso un sinsentido jurídico, esta sentencia es definitiva ya que no es posible hacer ninguna apelación. Esto no hace sino confirmar una justicia de excepción con respecto a los altos funcionarios.

Aunque había informado que cogería la baja durante el proceso, Christine Lagarde que podía enfrentarse a un año de prisión y 15.000 euros de multa (una suma ínfima comparada con los 400 millones incriminados) no se dignó a asistir a su juicio y prefirió volver a Washington, donde tiene la sede el FMI. Digamos que el suspense era relativo… Con un Tribunal, cuya razón de ser es eximir a los políticos de la justicia ordinaria, ya se sabía que Lagarde no arriesgaba demasiado. Y aún más, cuando la fiscalía, o sea, la acusación en este proceso, se había pronunciado por el sobreseimiento de la causa y había requerido la liberación. En esas condiciones la defensa de Christine Lagarde se podía considerar una simple formalidad...

Paradójicamente, Lagarde fue reconocida culpable de negligencia en la gestión del arbitraje realizado en 2008 entre Bernard Tapie y el ex banco público Crédit Lyonnais, cuando ella era ministra. Arbitraje que fue extremadamente beneficioso para el empresario francés, concediéndole no menos de 403 millones de euros de dinero público – de los que 45 millones fueron a título de daño moral – a costa de los intereses del Estado y por lo tanto de los contribuyentes. Lo que no impidió que Christine Lagarde afirmase que asumía sus decisiones, tomadas "con el solo objetivo de defender el interés general".

El hecho de que la ministra Lagarde no hubiera recurrido a la sentencia arbitral constituía realmente una falta penalmente punible y por ello fue juzgada por «desviación de fondos públicos cometida por un tercero» resultado de su negligencia. Durante el proceso, Christine Lagarde justificó su falta de atención con respecto a ese arbitraje debido a la crisis financiera del año 2008, y a que ella estaba abocada a su solución… Lo que puede hacer sonreír, o montar en cólera, cuando se sabe que la gestión de la crisis bancaria de 2008 resultó en una de las mayores transferencias de dinero público hacia el sector financiero, haciendo disparar la deuda pública francesa. [1]

El affaire Tapie todavía no terminó del todo, puesto que el ex director del gabinete de la Sra. Lagarde y actual director de Orange, Stéphane Richard sigue inculpado, junto a Bernard Tapie.

¿Una confianza prolongada?

En Francia, el gobierno rápidamente reafirmó su confianza en Christine Lagarde, mediante un comunicado del ministro de Economía, Michel Sapin: "Christine Lagarde ejerce su mandato en el FMI con éxito y el gobierno mantiene toda su confianza en su capacidad en el ejercicio de sus responsabilidades". El FMI que, en el pasado febrero, a pesar de su inculpación y de un futuro proceso, confirmó a Christine Lagarde a la cabeza de la institución por un segundo mandato de cinco años [2], renovó su apoyo algunas horas después de la sentencia, a pesar de su condena. Reunido en Washington en una sesión de urgencia, consejo de administración del FMI expresó su «plena confianza» en la capacidad de Lagarde para ejercer sus funciones con «eficacia» y elogió su «increíble liderazgo». ¡Nada menos que eso! Los primeros accionistas del FMI, los Estados Unidos, también renovaron su confianza y rindieron homenaje a «una sólida dirigente».

El Tribunal de Justicia de la República parece que hubiese estado hechizado por el áurea de Christine Lagarde, puesto que en su sentencia final justifica que haya sido eximida de pena por la «personalidad» y la «reputación internacional» de la directora del FMI. Ante tales argumentos jurídicos, nos quedamos mudos…

Mientras que el FMI alardea con todas sus fuerzas sobre la «buena gobernanza» y exige la mayor disciplina a los Estados que endeuda por medio de sus planes de ajuste y otros memorandos, observamos que se han sucedido dimisiones sucesivas de sus directores generales sobre un fondo repetitivo de escándalos: el ex director del Fondo Dominique Strauss-Khan obligado a dimitir, en mayo de 2011, luego de su arresto por tentativa de violación en Nueva York, y su predecesor, el español Rodrigo Rato, encausado por una malversación de fondos, fraude fiscal, blanqueo, estafa, falsificación y uso de documentos falsos en el caso Bankia.

Una inculpada preside el FMI

En resumen, Christine Lagarde avala el robo de 403 millones de euros de las cajas del Estado y sale de ello con un legajo limpio, un blasón redorado y se mantiene a la cabeza de una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, ya que los estatutos del FMI no prevén la dimisión automática en caso de condena.

Mientras tanto, Jon Palais, de las asociaciones Bizi y ANV-COP21, deberá comparecer el 9 de enero en Dax por haber requisado una silla en la agenda BNP París con el fin de denunciar los miles de millones de euros que el banco ayuda a escapar del fisco [3]; un joven fue condenado a tres meses de cárcel en Toulouse por haber robado un queso y finalmente Ysoufou y Bagui Traoré se enfrentaron a seis meses de prisión, tres en libertad condicional, y ocho meses de cárcel, respectivamente, así como dos años de prohibición de residencia en Beaumont-sur-Oise y 7.000 euros de multa por haber exigido transparencia en las causas de la muerte de su hermano bajo los golpes de la policía.

Formada por 12 parlamentarios y 3 magistrados, el Tribunal de Justicia de la República, un tribunal de excepción, debe simple y llanamente suprimirse. Como, por cierto, lo había prometido François Hollande en febrero de 2012: "haré votar una ley que suprima el Tribunal de Justicia de la República. Los ministros deben ser ciudadanos como los otros". Una promesa (como muchas otras…) que quedo en papel mojado y que ahora recupera Manuel Valls en su carrera de las primarias.

Justicia business class, justicia de clase

*Escrito por Anouk Renaud y Jérôme Duval del CADTM Bélgica y Yvette Krolikowski del CADTM Francia.

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Notas

[1La deuda pública pasó en cinco años de 1.200 millones de euros a 1.800 millones de euros bajo el reino de Nicolas Sarkozy.

[2Este segundo mandato comenzó en julio de 2016.

[3Véase el llamamiento de apoyo a Jon Palais y a la movilización durante su proceso, l’appel à soutien de J. Palais et à mobilisation lors de son procès, del que CADTM Francia es firmante.

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