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22 de enero de 2017

20 ciudades del Estado se manifiestan para presionar en contra del CETA

Miles de personas salen a la calle para manifestarse contra el acuerdo comercial CETA, entre la Unión Europea y Canadá. El CETA es el TTIP canadiense, ya que reproduce los mismos problemas y riesgos que el tratado con los EE.UU


20 ciudades del Estado se manifiestan para presionar en contra del CETA
Lara Blas  

La Campaña No al TTIP/CETA , que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas del Estado Español, ha movilizado hoy sábado a decenas de miles de personas en más de 20 ciudades españolas contra el CETA, el tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea (UE) y Canadá. Se trata de un Día de Acción Global organizado por la campaña No al TTIP junto a otras organizaciones sociales y políticas europeas para demandar al Parlamento Europeo que vote “no” al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá.

El próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo votará la ratificación del CETA. Por ello, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español han salido a la calle contra el conocido como el “TTIP canadiense”, por su similitud con el acuerdo entre EE.UU. y la UE que no se ha llegado a firmar. En el caso de que se ratifique del CETA el próximo 14 de febrero amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 27 miembros de la UE.

“La sociedad europea se rebela contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas” han declarado Cuca Hernández, portavoz de la Campaña. “El CETA considera llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medio ambiente, trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado y el empleo”.

El pasado mes de diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra el CETA. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado

Por este motivo, la campaña No al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo

La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora

En estas reuniones, la campaña No al TTIP ha expresado a los responsables políticos españoles en Bruselas que el texto del CETA (y la “declaración interpretativa” que lo acompaña) incluye aspectos preocupantes, tales como:

• El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.

• En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzados mediante sanciones.

• El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.

• El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.

• Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo en la UE.

• El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.

• Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.

• Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Así mismo, supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.

• El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.

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