La Comunidad de Madrid anda revuelta desde hace unos días por unos carteles publicitarios sobre sanidad: “La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid una gran Comunidad”, dice la campaña, que ha costado 1,4 millones de euros y el gobierno regional justificó como "programas de prevención y mejora de la salud”. Para la oposición es un nuevo caso de despilfarro y autobombo del Partido Popular en el poder.

Aunque la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005 dice que no se pueden hacer campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos” de una Administración pública, este tipo de estrategias comunicativas son habituales. Recordemos que en muchos de los recientes casos de corrupción política aparecía la actividad publicitaria como un elemento clave: Over Marketing (Gürtel balear), Orange Market (Gürtel peninsular) o Iberoamericana de Business and Marketing (los Pujol) son solo algunos de los ejemplos.

Para que el columnista de El Mundo, Antonio Alemany, le escribiera de forma oculta los discursos a Jaume Matas, éste utilizó la agencia Nimbus Publicidad de su amigo Miguel Romero de la Cerda, otro condenado por prevaricación y malversación de fondos públicos. La empresa del famoso Bigotes, Orange Market, consigió ganar adjudicaciones a dedo de la Generalitat Valenciana, encargándose de vallas, marquesinas, cabinas, prensa y revistas, la presentación del circuito de F1 de Valencia o un mitin con Esperanza Aguirre fuera de campaña electoral. Su presencia en la comunicación institucional valenciana era tal que terminó haciendo de buzón de recogida de dinero para la red delictiva.

Y es que la publicidad institucional que las administraciones públicas reparten supone varios cientos de millones de euros anuales, según se deduce de cotejar los informes de la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional con estudios de inversión publicitaria como Infoadex. En 2007, el presupuesto en publicidad de las empresas e instituciones públicas, Gobierno, Ministerios, Comunidades Autónomas y demás organismos, sobrepasó holgadamente los 500 millones de euros. Tan sólo la Comunidad de Madrid se llegó a gastar 23 millones aquel año, por encima del presupuesto publicitario del Banco Santander, BBVA, Microsoft, Mc Donnalds o SONY.

Arsenio Escolar, director de 20minutos y presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), ha denunciado en varias ocasiones cómo los partidos políticos premian con inversión publicitaria a los medios de comunicación cercanos: “la publicidad institucional se planifica en demasiados casos con poca transparencia, escaso respeto a las normas legales y abundante sesgo ideológico”, dice Escolar. Hasta el Tribunal de Cuentas, en un informe sobre contratos de 2005 a 2007, avisaba del uso de la publicidad de las administraciones locales como “planes estrategicos de persuasión política” que “pretenden inducir al ciudadano hacia una determinada opción política”.